Un lago que se convirtió en la pileta de un magnate británico, un pueblo literalmente cercado por plantaciones de pino que compró una empresa chilena en Misiones, otro multimillonario pero estadounidense que se enamoró y compró gran parte de los Esteros del Iberá, un muerto por reclamar la propiedad de las tierras dentro en la estancia Leleque de los italianos Benetton.
El 5,23 por ciento de las tierras del país está en manos de extranjeros. Son 14,7 millones de hectáreas, la mitad de la superficie de Italia, que empresarios compraron para emprendimientos mineros, forestales, turísticos, ganaderos. Para asegurarse agua y tierras, materias primas para otros negocios, para pasar sus vacaciones en el sur. La extranjerización de las tierras lleva años en la historia de Argentina. Si la preocupación inicial por esta problemática se limitaba a una cuestión geopolítica, el impacto y la concientización del cambio climático agrava más la situación. La tierra y el agua son bienes escasos y la Argentina tienen en cantidades.
La lista de los terratenientes importados
La extranjerización de la tierra en Argentina tiene nombre y apellido, aunque a veces no. Los Benetton, los Tompkins, los Lewis, los Angelini son los más conocidos, pero también hay miles de centenares de hectáreas propiedad de empresas offshore o con nombres fantasmas imposibles de rastrear.
El Registro Nacional de Tierras Rurales, creado gracias a la Ley de Tierras sancionada a fines del 2011 por impulso del ejecutivo durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, fue el primero que permitió dimensionar la problemática y también ponerle nombre y apellido de los dueños de una parte de nuestro país.
Según dejó en evidencia ese trabajo de registro y sistematización, el italiano Luciano Benetton es el dueño de la mayor cantidad de tierras del país: 655.990 hectáreas para negocios agrícolas, ganaderos, forestales y mineros en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Río Negro y Santa Cruz administradas por la empresa “Compañía de Tierras del Sud Argentino”. Fue entre esas miles de hectáreas donde en 2017 tras una violenta represión de la Gendarmería en respuesta al reclamo por la titularidad de las tierras desapareció Santiago Maldonado y su cuerpo apareció 78 días después en el río donde su familia denunció que «se había rastrillado tres veces».
Comparte podio la estadounidense Los Poquiteros S.A., dueña de 469.460 hectáreas en Catamarca. Peter Lee Mc Bride compró en 2003 las primeras 160.000 hectáreas en las que vivían del pastoreo más de 150 familias, algunas centenarias, por las que estuvo en conflicto por más de 15 años. Siguió adquiriendo tierras hasta llegar a ser dueño del 5 por ciento de las hectáreas rurales de la provincia.
En el top cinco de sujetos extranjeros con mayor concentración de tierra rural en el país se encuentra la empresa suiza offshore Estomonte AG. con tierras en San Juan, y un poco más abajo en la lista aparece la otra suiza Unicampos S.A. con 179.000 hectáreas en Mendoza, Santa Luis y Santa Fe. El Registro detectó más de un millón de hectáreas en manos de empresas radicadas en paraísos fiscales, que sirven como escudo de los verdaderos dueños ante posibles reclamos impositivos, ambientales o territoriales.
El 45,4 por ciento de las offshore propietarias pertenece a firmas suizas, el 34,7 por ciento a uruguayas, el 8 por ciento a sociedades de Luxemburgo, el 3,9 por ciento a panameñas, el 3,6 por ciento a firmas de Liechtenstein y el 3,4 por ciento a firmas de Andorra.
Otra de las empresas ícono de extranjerización es la chilena Alto Paraná S.A., que contaba en 2015 con 229.080 hectáreas en las provincias de Misiones, Buenos Aires y Santa Fé. La firma está instalada en Misiones desde el inicio de la última dictadura militar y se dedica a la producción de celulosa kraft blanqueada de pino. Para eso, posee extensas plantaciones de pinos que generan escenarios insólitos: «La firma compró todas las tierras del lugar; el pueblo quedó cercado por las plantaciones de pino de Alto Paraná y el cementerio ––que tiene más de 60 años–– también quedó dentro de la forestación», describen en su libro Tierras S.A. Andrés Klipphan y Daniel Enz sobre la localidad de Libertad, y citan a un vecino de la zona: “La gente no sabe si en algún momento tendrá que pedir permiso para ver a sus muertos o bien pagar algún dinero para ingresar”.
The Conservation Land Trust S.A., la fundación ecologista del filántropo estadounidense Douglas Tompkins, también se encuentra en el podio de propietarios extranjeros de tierras. «El señor del agua», como lo llaman por la adquisición de cientos de miles de hectáreas en los Esteros del Iberá, poseía hasta 2015 183.500 hectáreas en la Argentina, en su mayoría en las zonas de Ituzaingó, de Mercedes y de San Miguel, en Corrientes, la cuarta provincia más extranjerizada del país. El suyo es un caso excepcional: su fundación restauró esas tierras para la creación de parques nacionales como el de Iberá, en los esteros de la provincia de Corrientes, y lo mismo hizo en Chile.
Otro nombre famoso de la lista es el de Joe Lewis. El magnate no posee la dimensión de tierras de los anteriores –su patrimonio es de menos de 11.200 hectáreas en el Lago Escondido de Río Negro–, pero sobresale por haberse apropiado desde hace 25 años de un reservorio de agua glaciar. Fue noticia recientemente cuando una patota que, según se denunció, respondía al billonario inglés, amenazó y agredió a un grupo de manifestantes que marchaban, justamente, en reclamo de la soberanía del Lago Escondido. Lewis es una de las 500 personas más ricas del mundo de acuerdo al ranking de la revista Forbes y construyó allí una mansión de diez mil metros con catarata artificial, obras de arte valuadas en millones de dólares, pista de karting profesional, cancha de golf y hasta un zoológico, entre otras excentricidades.
La Ley de Tierras de Cristina Kirchner
La cantidad y calidad de territorio que se le puede vender a extranjeros quedó regulada por la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, popularmente conocida como Ley de Tierras.
Presentada por Cristina Fernández de Kirchner como un instrumento para «proteger un recurso estratégico no renovable, como es la tierra», la ley cuenta con pocos artículos pero determinantes. Creó el Registro Nacional de Tierras Rurales bajo la órbita del Ministerio de Justicia a fin de saldar el profundo déficit de información acerca del registro dominial de ese momento: «No sabemos si ya está cumplido o no al límite de dominio extranjero que pretendemos establecer en la ley», explicaba durante la presentación la entonces presidenta.
Sancionada en diciembre de 2011 a pesar de los votos en contra del radicalismo y de la ausencia de los diputados del Pro, la ley estableció que los extranjeros no podían tener más del 15 por ciento de las tierras del país, de una provincia o de un municipio. Entre otros puntos destacados fijó un límite de mil hectáreas por titular extranjero en la zona agrícola núcleo, es decir la más fértil ubicada en el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sur de Córdoba, o sus equivalencias en el resto de las provincias.
Estableció una especial prohibición para adquirir tierras que limiten o contengan cuerpos de agua, y determinó controles para evitar una de las formas más comunes de extranjerización de la tierra – y pérdida de control del registro dominial- que es a través de la compra venta de acciones y entonces del cambio de titularidad. A partir de la ley, el Estado debía autorizar esta compraventa a través de un certificado de habilitación.
La normativa no afectó los derechos adquiridos, es decir que cualquier empresa o persona poseedora de tierras por fuera de los límites impuestos podía mantenerlos. Sin embargo logró dimensionar la situación de cada provincia y departamento. Un 5,23 por ciento de las tierras del país son propiedad de extranjeros, pero el guarismo se duplica en algunas provincias.
Si bien ninguna provincia supera el porcentaje establecido por la ley, las más extranjerizadas son Salta, Misiones y San Juan, con tenencia en manos de extranjeros por encima del 10 por ciento del territorio provincial. Las provincias con menos incidencia de extranjeros son Córdoba y Santa Fe, con menos del 2 por ciento. Dentro de las menos extranjerizadas se encuentran también La Pampa y Buenos Aires, pertenecientes a la zona núcleo y por lo tanto más fértil del país.
El interior de las provincias hay 50 jurisdicciones por encima del cupo. Las dos localidades con mayor nivel de extranjerización son salteñas: San Carlos, un pueblo histórico en los Valles Calchaquíes que tiene un 60 por ciento de su territorio extranjerizado, y Molinos con el 58 por ciento de extranjerización. Otros territorios con gran presencia de extranjeros dueños de tierras son General Lamadrid, en La Rioja, con el 57 por ciento de extranjerización. También Lácar en Neuquén, con el 54 por ciento y Campana, en Buenos Aires, con el 50,2 por ciento.
El decreto de Mauricio Macri
Los datos actuales cuentan con algunos limitantes, que vinieron de la mano del Decreto 820/16 que dispuso el expresidente Mauricio Macri luego de un paseo en helicóptero con Joe Lewis, apenas comenzó su gestión. El decreto presidencial eliminó una de las condiciones más importantes de la ley, que es la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación en el caso de que una empresa tenga una reorganización societaria.
Es decir, se habilita la transferencia de acciones a extranjeros sin tener que informar al Registro Nacional. De esta forma, si la persona jurídica dueña de una tierra le vende sus acciones a un extranjero, la tierra pasa a manos extranjeras y el Estado no se entera, perdiendo control también para hacer cumplir los cupos establecidos por ley. «De esta forma, da vía libre al instrumento mas común de compra de tierras, que es a través del traspaso de acciones», asegura en diálogo con PáginaI12 la abogada experta en políticas de tierras rurales Florencia Gómez, exsecretaria de Política Ambiental y Recursos naturales de la Nación.
Otro de los temas importantes que flexibilizó el decreto es la prohibición de vender cuerpos de agua. Antes, se solicitaba al particular que contrate un profesional que verifique la inexistencia de esos cuerpos de agua, y que sea autenticado por la autoridad provincial del agua como requisito del trámite de certificación. «El Decreto de Macri prevé que desde el Ministerio de Justicia remitirán a la provincia la consulta, y si pasados 10 días no contestan, queda aprobado tácitamente. Es decir que si, por ejemplo, se notifica a la Provincia y esta contesta y se extravía la documentación, puede significar la extranjerización de un lago, laguna o cuerpo de agua en contraposición a la Ley», continúa Gómez.
De esta manera, los números de extranjerización que exhibe el registro hoy, mencionados en esta nota, se encuentran incompletos, ya que aún faltan las operaciones realizadas vía el traspaso de acciones.
El futuro: anular o derogar el decreto
El decreto de Macri se judicializó por contravenir uno de los artículos de la ley «y ser marcadamente inconstitucional, ya que pretende con una norma de jerarquía inferior, que tiene por finalidad reglamentarla, modificar una norma superior, aprobada por el Congreso Nacional, violentando el sistema de división de poderes garantizado en nuestra Constitución Nacional y pilar de un sistema democrático», describe Gómez.
Pero los amparos fueron rechazados: «El rechazo en 2020, después de cuatro años, se basa en la falta de legitimación activa y omite expedirse sobre el fondo de la cuestión, es decir en una cuestión que atañe a todos los argentinos y argentinas, como son nuestros recursos naturales, debemos demostrar un agravio diferencial para que el poder judicial pueda expedirse», dice Gómez.
De cara al futuro, se apunta, de mínima, a derogar y de máxima a anular el decreto a fin de que se anulen también las acciones que conllevaron su aplicación: «El desafío principal, una vez derogado el decreto 820, es llevar a cabo una auditoría sobre lo actuado desde el 2016 a la fecha y actualizar el relevamiento que se realizó en 2013», completa Gómez.
De esta manera, la exfuncionaria a cargo del relevamiento en 2013 pretende devolverle esencia a la Ley y, como manifestaba Cristina Kirchner al presentarla, «que quienes hagan política pública tengan la posibilidad de manejar, de conocer, de saber lo que es materia de recurso de agua y de tierra vitales para este siglo XXI».