En la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hallaron 105.000 registros de escuchas que se hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri. Lejos de destruirlas cuando se las entregaban a la Justicia –como establece la ley–, los espías del gobierno de Cambiemos almacenaron estas conversaciones para usarlas cuando surgiera la necesidad. Entre las escuchas halladas por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, están las que se hicieron sobre exfuncionarios kirchneristas y empresarios presos en el penal de Ezeiza. Esas grabaciones servían para armar causas o alimentar minutos de aire en la televisión.
Después del hallazgo, Caamaño hizo una presentación ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene el expediente en el que se investiga el espionaje penitenciario. Es la causa que se inició en la justicia federal de Lomas de Zamora y en la que también se investiga el rol de los espías conocidos como Súper Mario Bros, que, en su núcleo originario eran policías de la Ciudad que pasaron en comisión a la exSIDE.
“Puede verificarse que, en la práctica, las escuchas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, de la mano del Director General, Gustavo Arribas y la Subdirectora General, Silvia Majdalani, volvieron a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia en flagrante contradicción con lo dispuesto por la Ley N° 25.520 y su modificatoria, Ley N° 27.126”, denunció Caamaño en el escrito al que tuvo acceso Página/12.
Una vuelta al pasado
La SIDE históricamente manejó las escuchas desde su edificio de la calle Los Incas a través de la Dirección de Observaciones Judiciales, más conocida como la “Ojota”. En 2015, con la reforma de la Ley de Inteligencia, las escuchas pasaron a depender de la Procuración General de la Nación, que estaba en manos de Alejandra Gils Carbó. La propia Caamaño estuvo a cargo de esa oficina cuando ejercía como fiscal.
A las dos semanas de haber asumido, Mauricio Macri publicó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) a través del cual le sacaba las escuchas a la Procuración y las ponía en cabeza de la Corte Suprema. Sacarle la oficina de escuchas era parte de la estrategia para cercar a Gils Carbó.
La Corte recién aceptó el traspaso en febrero de 2016. Al tiempo se creó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), que quedó a cargo del entonces presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, cuyo nombre también lleva la “doctrina” que permitió encarcelar a exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Los escándalos por la filtración de audios se sucedieron durante la gestión anterior, incluso la Corte debió firmar una acordada en 2019 en la que les pedía a los jueces que redujeran al mínimo la intervención de la AFI en las investigaciones judiciales.
¿Cómo era el proceso en la exSIDE?
Cuando un juez daba intervención a la AFI en las escuchas, la Agencia podía hacer las escuchas en la oficina de la DAJuDeCO, pasar a buscar los CDs o descargar las escuchas a través de un sistema digital punto a punto que se armó durante la gestión anterior.
Ese sistema permitía que la DAJuDeCO enviara las grabaciones hacia un repositorio digital en la exSIDE y se subían a una plataforma que inicialmente se llamó “Sistema de Administración”, pero que después pasó a denominarse “SIDEA”. Probablemente porque les remitía a épocas anteriores cuando la SIDE tenía las escuchas.
Este mecanismo ya había sido revelado por un exagente, Mariano Ruda Bart, en 2020 cuando fue indagado en Lomas de Zamora por el juez Juan Pablo Augé. El sistema estaba bajo la órbita de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ) de la AFI que comandaba Juan Sebastián de Stefano, uno de los tres espías que quedaron retratados en el video de la «Gestapo» antisindical.
En una entrevista con Página/12, Caamaño remarcó que fue una manera solapada de devolverles las escuchas a los espías. El SIDEA dejó de existir en cuanto asumió la intervención y el presidente Alberto Fernández prohibió que la AFI actuara como auxiliar de la Justicia, algo que fue históricamente la puerta para que los servicios forjaran relaciones poco claras con jueces y fiscales.