La denuncia que presentó la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, volvió a poner en el foco de atención a Juan Sebastián de Stefano, el poderoso director administrativo de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo. El área que él comandaba concentraba la relación con los jueces y las escuchas y fue la que más se expandió durante la gestión de Gustavo Arribas. Con el hallazgo del video de la “Gestapo” antisindical, también quedó en claro que el abogado ponía el cuerpo a la hora de discutir cómo se armaban las causas contra aquellos que aparecían como enemigos públicos del gobierno de Cambiemos.
De Stefano es un abogado de raíz radical y que se referencia en Daniel “Tano” Angelici, uno de los hombres de confianza de Mauricio Macri no solo en el mundo del fútbol sino fundamentalmente en el de la justicia federal. De Stefano fue uno de los pesos pesados de la AFI en el período 2016 y 2019 y actualmente es sostenido, pese a las denuncias en su contra, por Horacio Rodríguez Larreta como uno de los directivos de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE).
En la AFI, la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ) dependía directamente del entonces director general Arribas, quien le delegó a De Stefano la relación con el Poder Judicial. Como parte de esa amplia delegación, De Stefano se apersonó en agosto de 2018 en la oficina del juez Luis Carzoglio para interesarse por la detención de Pablo Moyano. En un expediente que tramita ante el juzgado de Ariel Lijo, el propio Arribas reconoció la excursión de su hombre.
Para esa época, la DAAJ de De Stefano estaba dedicada a otra tarea: explicar por qué habían enganchado a un auto de la AFI afuera del Instituto Patria espiando a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces le informaron a la Comisión Bicameral de Inteligencia que estaban haciendo tareas ordenadas por un juez y a Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado que tenía la denuncia por la vigilancia sobre la calle Rodríguez Peña, que esas tareas se enmarcaban en las dispuestas en una investigación por posibles atentados en el marco de la cumbre del G20.
Esa investigación tramitaba en el juzgado de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena. El mismo juez había ordenado escuchas en el penal de Ezeiza en una causa sobre Mario Segovia, más conocido como el “Rey de la Efedrina”. En esa causa, la AFI jugó un rol importante – y Jurídicos, aún más–. El juez le pidió a la dirección de Contrainteligencia que hiciera las escuchas de los teléfonos del penal y le solicitó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que marcara qué teléfonos y cuándo los usaba Segovia. Sin embargo, la AFI escuchó todas las comunicaciones de los pabellones donde estaban alojados exfuncionarios kirchneristas.
En paralelo, De Stefano armó una dirección que dependía de sí mismo para encargarse de todas las escuchas que llegaban a la Agencia. De esa forma, se garantizó tener un acceso rápido a todas las interceptaciones en las que participaban integrantes de distintas secciones de la AFI –que muchas veces estaban enfrentados por rivalidades internas o disputas de poder–. Agentes de Contrainteligencia declararon que la DAAJ les pedía que ampliaran las interceptaciones para escuchar a mayor cantidad de los presos kirchneristas.
A De Stefano lo investigó la justicia federal de Lomas de Zamora. Allí, el juez Juan Pablo Augé lo procesó por las escuchas a los presos en el penal de Ezeiza y por todo el entramado que hizo la AFI para darle una apariencia de legalidad al espionaje sobre CFK en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay. Sin embargo, en diciembre pasado, los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi revocaron su procesamiento.
Actualmente, lo investiga el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak por su rol en la “Gestapo” antisindical contra Medina. De Stefano estuvo sentado en la punta de la mesa el 15 de junio de 2017, ladeado por el entonces jefe de gabinete Darío Biorci y el director operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, discutiendo los pormenores de las denuncias contra el “Pata” Medina.
En ese marco, Kreplak pidió los listados de llamados entrantes y salientes de De Stefano y otros imputados. Después de una investigación que hizo el portal El Destape, surgió que el jefe de Jurídicos de la AFI mantenía contacto frecuente con el ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, con el secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas y con Juan Bautista Mahiques, subsecretario a cargo de la relación con la Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.
De este relevamiento apareció también que de Stefano mantuvo comunicaciones con el juez Villena: una de ellas un día antes de que el juez abriera la causa por los posibles atentados en el marco de las cumbres mundiales –que fue el expediente que después invocó la AFI para darle apariencia de legalidad a la vigilancia sobre CFK–. Hubo comunicaciones con Lijo, cuando tenía la denuncia de Alberto Nisman contra la actual vicepresidenta, por ejemplo, o con el fiscal Eduardo Taiano, cuando avanzaba con la causa penal contra Alejandra Gils Carbó, que fue uno de los elementos que el macrismo usó para forzar su renuncia a la Procuración General de la Nación.