El acuerdo por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que se cerrará esta semana (ver aparte), tiene un articulado que no difiere demasiado de lo ya presentado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, pero deja en claro una idea que para el Gobierno de Alberto Fernández es central: que el gasto público seguirá en alza y que, en paralelo, no habrá ajustes sobre las jubilaciones generales aunque sí un proceso de revisión de algunas de las que entran dentro del concepto de regímenes especiales. Por volumen, se apuntará a los ingresos previsionales de jueces y diplomáticos, que en ambos casos rozan o superan los 300 mil pesos.
De hecho, hay artículos en el Memorando de Entendimiento, a los que accedió PáginaI12, que reflejan esa situación. Lo pusieron en palabras Guzmán y el propio Fernández en las últimas horas. El primer mandatario aseveró que los eventuales cambios que están en estudio «no incluyen el régimen previsional docente sino al régimen en el que están los embajadores y jueces». Y agregó que «algo hicimos con los jueces y creo que deberíamos avanzar más y lo mismo con los embajadores, pero claramente no es el tema de los docentes».
Esas posiciones responden a un artículo incluído en el Memorando de Entendimiento con el FMI, que apunta lo siguiente: «El gasto en jubilaciones y pensiones -cita- se guiará por el nuevo mecanismo de actualización adoptado a fines de 2020. Sobre la base de esto, realizaremos un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional, enfocándose en la evaluación de los regímenes especiales previsionales alcanzados por la ley 27.546». Allí entra a jugar el estudio que se iniciará para rever esos ingresos de pasivos y no será de resolución inmediata, sino que los tiempos dependerán de lo que surja del trabajo. Y confirma a la vez que no se cambia la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios actual.
La definición, incluída en la carta de intención, es un dato político doble. Ante un acuerdo lejos del habitual ajuste reclamado en otros países, ese punto le permite al Staff de FMI mostrarles a los duros que exige ciertas condiciones. Y al Gobierno le es de utilidad para instalarlo como un debate exactamente opuesto: que lo que cerró fue un programa anti ajuste sobre los que menos tienen y de estudio de alternativas sobre una parte pudiente que, además, es cuestionada por altos ingresos y jubilaciones. Ésta última es la premisa central en el entorno del ministro Guzmán. Que no sólo no es un acuerdo de ajuste sino que se compromete a subir el gasto año a año en áreas estratégicas (ver aparte).
Números de impacto
Un informe del think tank político Cippec, que lejos está de alineamientos políticos con el Gobierno de Fernández, refleja a las claras el por qué se les apunta a esos sectores. En un trabajo del año 2020 sobre los Regímenes Especiales Administrados por ANSES, graficó que hay en Poder Judicial 5700 magistrados jubilados que a ese momento tenían un haber promedio de jubilación de 292.278 pesos. Mientras que los diplomáticos (servicio exterior) tienen un promedio de jubilación de 252.272 pesos, siendo 11.464 en el rubro pasivos.
El mismo trabajo muestra los salarios de excepción de otros rubros, dato que contribuye a entender la magnitud del debate sobre las jubilaciones de jueces y embajadores. Algunos ejemplos: los retirados docentes universitarios nacionales percibían en 2020 cuatro veces menos jubilación que los antes mencionados; los investigadores y cientificos, casi la mitad que los empleados del Poder Judicial. Mientras que los policías y fuerzas de seguridad, casi que rozaban los 50 mil pesos de jubilaciones. Vale aclarar que, desde 2020, los jueces y embajadores hacen un aporte adicional del 7 por ciento
En el Gobierno aseguran que ya el asunto se había discutido antes del acuerdo con el FMI. De hecho, hubo intento de reforma fallido en el año 2021, cuando el entonces titular de ANSES, Diego Bossio, marcó en el Parlamento los problemas de inequidad que generaban estos esquemas. En esa línea, en febrero de 2020, el periodista David Cufré publicó en este diario un artículo en el que mostraba, además, un cálculo del Ministerio de Trabajo que miraba hacia adelante: según ese texto, la cartera sugería corregir y acotar los privilegios de magistrados y demás miembros del Poder Judicial, adelantando que el déficit fiscal que se produciría en los 30 años siguientes para sostener esas jubilaciones, pasaría de los 9914 millones de pesos de 2019 a 27.937 millones.