Cuarto intento para la sanción de una Ley de Humedales

 

Tres veces cayó el tratamiento de la Ley Nacional de Humedales en la Argentina. En las dos primeras ocasiones (2013 y 2016) el proyecto llegó a la media sanción. A fines de 2021 perdió estado parlamentario sin siquiera eso, y luego no fue incorporada al temario de sesiones extraordinarias, por lo cual volvió a foja cero. Diputados del oficialismo volverán a presentarlo este martes por la vía administrativa y el miércoles habrá una presentación pública a la que están convocadas la comunidad científica y organizaciones socioambientales. El texto es el mismo que hace poco quedó fuera de juego. «Fue resultado del debate y un acuerdo enorme en términos políticos. No queremos que pase todo de vuelta, echar a perder la enorme discusión que hubo», explica a Página/12 el diputado Leonardo Grosso, quien hasta el año pasado presidió la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. A su vez, el Ministerio de Ambiente trabaja en un proyecto propio desde comienzos de febrero.

Los incendios en Corrientes volvieron a poner en evidencia la necesidad de la ley.  En esta «re-presentación» la intención es reunir la firma de diputados de distintas bancadas, «porque fue un proyecto que apoyaron todas», aunque el contexto político es otro ahora debido al recambio de legisladores. Ya cuenta con 20 firmas del Frente de Todos. El miércoles el acto será en una de las salas del anexo C de la Cámara Baja.

¿Por qué el tratamiento de la Ley de Humedales cayó por tercera vez?

¿Por qué se llegó a la instancia de que la ley cayera por tercera vez? Esto responde Grosso: «En Agricultura siempre hay lobby. Es la comisión que no da paso a esta ley y no la trata. Los diputados no quieren asistir a ese temario, se rehúsan a ponerlo, los presionan en sus provincias los diarios y cada grupo concentrado instalando la idea de que esto frena la producción. El lobby más oculto es el de la minería, que usa otras estrategias». Uno de los señalados como responsable de la caída del proyecto es el correntino José Ruiz Aragón, del FdT, en su momento titular de la comisión en la que el texto se estancó, actualmente senador provincial. «No creo que sea responsabilidad de un diputadoHay una responsabilidad institucional y una falta de formación por parte del conjunto de la dirigencia política; formación que melle el discurso de que la ley es prohibitiva de la actividad económica. Hay una falta de conciencia general en temas ambientales en los sectores que tienen representación política. Hace dos años venimos con restricciones terribles que han destruido nuestra economía. La pandemia hizo desastres. Y la covid es un virus de origen zoonótico: eso debería llamar la atención de todos nosotros.»

La importancia de una Ley de Humedales

De acuerdo a la síntesis de referentes de las organizaciones comprometidas con el tema, algunos puntos cruciales de la norma son: la regulación de las actividades que se realizarían en humedales, la transferencia de recursos del presupuesto nacional hacia las provincias para mejorar la gestión de estos ecosistemas, la creación de un inventario y la apertura de espacios participativos en los cuales se diseñe el ordenamiento territorial. La caída por tercera vez de la iniciativa generó una honda sensación de frustración tanto en las organizaciones ambientalistas como en referentes de la ciencia, sobre todo porque era una promesa de campaña.

El proyecto que cayó y que vuelve a presentarse tiene un camino de «cuatro audiencias públicas, dos reuniones de comisión de diputados, exposiciones de más de 60 personas de 18 provincias, de la comunidad científica, las organizaciones, los pueblos campesinos e indígenas, las comunidades de la agricultura familiar, los sectores que desarrollan sus actividades en humedales, como los desarrolladores inmobiliarios y del negocio forestal y la Sociedad Rural». El único ámbito que no quiso sentarse a discutir fue el de la minería. Se conformó un comité de científicos que mantuvo 15 reuniones con asesores. El dictamen de Ambiente fue de mayoría, con una disidencia parcial. «El Frente de Todos, Cambiemos, los bloques peronistas apoyaron. Hay un proceso muy sólido», agrega Grosso. El texto cuenta con el aval de las organizaciones ambientalistas y recoge, de algún modo, todos los debates que se dan desde 2013. Por todos estos motivos, el planteo de presentarlo tal como está.

El proyecto del Ministerio de Ambiente

Días después de que la ley quedara fuera de juego, el Ministerio de Ambiente anunció el inicio de un debate para otro proyecto con el mismo fin, lo que generó desconcierto e incluso malestar en organizaciones como la Multisectorial por la Ley de Humedales, que se expresó en sus redes al respecto. «No lo conozco (al proyecto). No estoy en contra, pero creo que el Ministerio debería respetar la instancia de debate que ya hubo», opina Grosso.

Fuentes de la cartera que conduce Cabandié confirmaron a Página/12 la intención de elaborar un nuevo proyecto, que se debatirá en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). Informaron que están «convocando a todos los sectores, a las organizaciones ambientalistas, las provincias, científicos y también a los sectores de la producción para la elaboración de un proyecto de ley que sintetice todas las miradas e intereses» y, así, «construir consensos». Un rumor indica que Ambiente podría tomar como base el documento ya consensuado.

El viernes representantes de organizaciones socioambientales se reunieron con Grosso y sus asesores. Emilio Spataro, fundador de Guardianes del Y’Verá e integrante de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu), participó y también viene sumándose a los encuentros con autoridades de Ambiente. «Se le ha dicho al Ministerio que ya no hay nada que discutir, que la discusión está más que cerradaLo que hay que hacer es avanzar y no dilatar más«, protesta. Ante este cuarto intento, concluye: «No hay una política hacia los humedales desde el gobierno nacional, sino iniciativas parciales y aisladas. Hay que empezar a implementar políticas porque estamos en una crisis climática de la cual Argentina es víctima».