El gobierno confirmó este jueves que alcanzó un acuerdo con el staff técnico del Fondo Monetario Internacional y como parte de los compromisos asumidos aseguró que desarrollará un “plan energético de mediano plazo” basado en cinco puntos: 1) incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable; 2) reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza; 3) mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso; 4) fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos; y 5) asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad.

1) Más inversión en generación y transporte. La apuesta principal del gobierno es incrementar la producción de Vaca Muerta. Luego del derrumbe registrado en 2020, la actividad ha venido recuperándose de manera sostenida, alentada por los incentivos que ofrece el Plan Gas.Ar y la mejora del precio del crudo. En el primer bimestre de 2022 ya se realizaron un 21 por ciento más de fracturas que en el mismo período del año pasado (1609 versus 1327), según informó Luciano Fucello, country manager del NCS Multistage. Un punto clave para apuntalar el despegue es ampliar la capacidad de transporte de gas porque los gasoductos que llevan actualmente el fluido a los grandes centros urbanos están operando a tope. Desde hace más de un año, el gobierno tiene previsto construir un nuevo gasoducto al que denominó Néstor Kirchner, pero recién en las últimas semanas avanzó con la licitación. Por lo tanto, con suerte recién estará construido para el invierno de 2023. En este caso la inversión será pública y el gasoducto será operado por IEASA (ex Enarsa). A su vez, se están explorando algunas otras alternativas destinadas a ampliar la capacidad de los gasoductos existentes. El incremento de la capacidad de transporte es clave porque permitirá reducir la dependencia de los combustibles importados. Para el próximo invierno, por ejemplo, el gobierno deberá importar entre 60 y 70 cargamentos de Gas Natural Licuado. El año pasado compró 56 cargamentos a un precio promedio de 8,4 dólares por millón de BTU, pero este miércoles la cotización tocó el precio record de 65 dólares por millón de BTU debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, no está claro de donde saldrán los casi 5000 millones de dólares que demandará esa importación.

El comunicado distribuido por el Ministerio de Economía menciona también la necesidad de expandir la capacidad de producción de GNL. Desde hace tiempo, hay iniciativas públicas y privadas para avanzar con la construcción de plantas de licuefacción capaces de aprovechar el gas de Vaca Muerta y exportarlo como GNL. En 2018 Transportadora Gas del Sur y y la firma estadounidense Excelerate Energy LP firmaron un memorando de entendimiento para construir una planta de licuefacción en Bahía Blanca. YPF también exploró avanzar con su propio proyecto, pero en la actualidad todas las iniciativas están frenadas, entre otros motivos, por la falta de capacidad de transporte de los gasoductos troncales.

2) Eficientizar la tarea de las distribuidoras. El comunicado de Economía habla de introducir mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza. Las empresas privadas por lo general tratan de mejorar estos aspectos del servicio porque están directamente vinculados con su propia rentabilidad, pero en el contexto de congelamiento tarifario de los últimos tres años, la inversión se destinó fundamentalmente al pago de personal y las tareas de mantenimiento indispensables para garantizar la prestación del servicio. Al avanzar con la recomposición gradual de las tarifas, es seguro que las empresas incrementar la inversión en estas áreas bajo la tutela del regulador.

3) Mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso. El comunicado de Economía no da ninguna precisión sobre el punto, pero son varias las iniciativas que se podrían llevar adelante para que los hogares eficienticen el consumo de luz y gas en hogares e industrias, como por ejemplo la generalización de las bombitas de bajo consumo, aislamiento de tuberías, reemplazo de medios de refrigeración antiguos y modernización de calderas y hornos industriales, entre otras medidas. El gobierno puede apuntalar esa transformación con créditos a tasa baja.

4) Fortalecer la focalización y progresividad de los subsidios. Por lo general, el tema de los subsidios se enfoca desde el punto de vista fiscal, pero también es un problema distributivo cuando se aplican de modo generalizado sin discriminar de acuerdo al poder adquisitivo de los beneficiarios. El economista Nicolás Arceo detalló a fines de enero en una entrevista en Radio Con Vos que “Argentina gasta actualmente en subsidios a la energía el doble de lo que destina a programas focalizados hacia los sectores de menores recursos”. La segmentación tarifaria anunciada por el gobierno busca hacer más progresivo ese gasto para que el Estado favorezca en mayor medida a los que menos tienen.

5) Buscar que las tarifas reflejen los costos del gas y la electricidad. Es uno de los principios básicos de los marcos regulatorios. Si las tarifas reflejan los costos del servicio, eso constituye una señal adecuada para que las decisiones de consumo sean eficientes. Por el contrario, si no lo hacen, servicios de alto costo podrían sobreutilizarse y servicios de bajo costo subutilizarse, provocando pérdidas de eficiencia y mayores costos para el sistema en su conjunto.