Durante el gobierno de Mauricio Macri, hubo espías, seguimientos con autos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), directivos que respondían a sectores de la exSIDE, cámaras, micrófonos e infiltrados de las fuerzas de seguridad en las asambleas de trabajadores del Hospital Nacional Alejandro Posadas. Eso fue lo que declararon tres integrantes de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires CICOP en los tribunales de Comodoro Py.
Cerca del mediodía del martes, integrantes del gremio, trabajadores del policlínico ubicado en El Palomar junto con la Comisión de Pacientes y Vecinxs del Hospital y la diputada Mónica Macha se reunieron en la puerta de los tribunales de Retiro para acompañar a tres referentes que iban a ratificar la denuncia que presentaron en 2020. Durante varias horas, Marta Márquez, Luis Lichteinstein e Irma Trímboli declararon en la fiscalía de Carlos Stornelli.
En enero de 2016, el gobierno de Cambiemos designó a Alberto Díaz Legaspe como interventor. En su etapa al frente del hospital, hubo cientos de cesantías que iban acompañadas con un discurso de que, en realidad, los trabajadores públicos eran “ñoquis”. A los pocos días de su llegada, se difundió una foto de una silla de ruedas estampada dentro de un resonador magnético y se denunció que existía “sabotaje” por parte del personal del centro médico.
En marzo, un grupo de empleados del Posadas detectó que había un auto que los seguía. Era un Volkswagen Voyage con patente NNV 682. El 1 de abril de ese año, la publicación zonal El Cactus difundió la foto del vehículo y denunció que se trataba de un seguimiento de la AFI. La información se terminó ratificando poco más de dos años después, cuando el mismo auto fue detectado afuera del Instituto Patria mientras vigilaba ilegalmente a Cristina Fernández de Kirchner. En la causa que investigó ese hecho, quedó acreditado que el rodado era usado por el área de Contrainteligencia de la exSIDE.
Hacia finales de 2017, Macri designó a Pablo Bertoldi Hepburn como director del Posadas. La elección de Bertoldi Hepburn desató una tormenta en el Ministerio de Salud nacional y provocó la renuncia del entonces viceministro, Eduardo Munin, quien había denunciado que Bertoldi Hepburn llegó por pedido de la número dos de la AFI, Silvia Majdalani.
Para los trabajadores del Posadas, la llegada de Bertoldi Hepburn marcó el desembarco definitivo de la exSIDE en el centro médico. Dicen que, durante esa época, se instalaron cámaras y micrófonos e incluso señalan que había personal de civil que se infiltraba en determinadas actividades. El martes, aportaron videos en los que se ve a unas personas a las que echaron de una asamblea saliendo de un cuartito cercano a la dirección del Hospital al que solo accedían integrantes de las fuerzas de seguridad. En esa línea, también dijeron que, en esa etapa, hubo una militarización del Posadas por la presencia de efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional. Esas fuerzas dependían de Patricia Bullrich, que incluso llegó a decir que el Posadas era el lugar ideal para emplear pistolas Taser.
Una denuncia, pocos movimientos
La denuncia se presentó en noviembre de 2020, pero hasta ahora tuvo pocos movimientos. Stornelli la impulsó ese mismo mes y le pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti que investigara lo que denunciaban desde la CICOP. Capuchetti dio por acreditado que el auto que siguió a los trabajadores era el mismo que vigilaba a CFK y, por eso, sostuvo que debía investigarse conjuntamente con la causa que tiene su colega Marcelo Martínez de Giorgi.
Hubo una contienda entre los dos magistrados, que terminó saldando el 8 de febrero el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, quien dijo que Capuchetti debía seguir con la causa. A la semana, Capuchetti resolvió que Stornelli sea el encargado de la instrucción.
Lo curioso es que Stornelli tuvo en 2017 una denuncia que presentó Macha después de que se conociera que la AFI había mediado en la designación del director del Posadas, pero entonces entendió que no había nada para investigar. Con esta nueva denuncia, el fiscal procesado por sus andanzas con el espía Marcelo Sebastián D’Alessio parece haber cambiado la tónica.
Las tareas de inteligencia sobre el colectivo de trabajadores del Posadas aparecieron también cuando el juez Alejo Ramos Padilla investigaba el llamado “Proyecto AMBA”. Desde la base Morón de la AFI. por ejemplo, informaron el 25 de octubre de 2017 que habían mandado a un espía a husmear a una olla popular que se hacía en el centro médico. También hicieron reportes por la visita del diputado Nicolás del Caño (FITU-PTS).
El caso del Posadas también es mirado con atención por la Comisión Bicameral de Inteligencia, que prepara un dictamen sobre el espionaje en la provincia de Buenos Aires.
Una historia que se reactualiza
El Posadas lleva 50 años funcionando como un hospital nacional. Se empezó a construir durante la presidencia de Juan Domingo Perón para tratar enfermedades pulmonares, pero el proyecto quedó trunco con el golpe de Estado de 1955. Después funcionó como Institutos Nacionales de la Salud (INS) y recién durante otra dictadura, la de la Revolución Argentina, fue reconvertido en policlínico.
En marzo de 1976 fue ocupado militarmente. El operativo lo lideró el mismísimo Reynaldo Bignone, por entonces delegado de la Junta Militar en el Ministerio de Bienestar Social, con la excusa de que el Posadas era una posta de las organizaciones guerrilleras –algo que el propio Bignone desmintió quince años después cuando publicó su libro como “El último de facto”–. Hubo decenas de detenciones y cientos de cesantías. Por esos días llegaron unos hombres que se presentaban como abogados del Ministerio, pero, para los trabajadores, pertenecían a la SIDE. En noviembre, se montó en el lugar un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Once trabajadores y trabajadoras fueron desaparecidos durante esos años. Algo de esa historia traumática volvió a activarse con el regreso de los servicios al centro de salud.