Acechado por una inflación ya elevada que tendrá un impacto aún más fuerte en alimentos por el conflicto bélico en Ucrania, el Gobierno anunciará esta semana una bateria de medidas para intentar atenuar los efectos de la guerra en los precios locales. La decisión es producto de una especie de mesa permanente para encontrar soluciones urgentes al problema que se armó el fin de semana, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza y sus ministros técnicos. La preocupación número uno es el golpe de la guerra sobre la harina y sus derivados, que distorsionan valores minoristas de alimentos en góndola.
En ese contexto se enmarca un abanico de posibles soluciones, que irían desde el alza a los diferenciales de exportación, refuerzo de los fideicomisos para desacoplar valores internacionales y un monitoreo más fino del abastecimiento de algunos productos de Precios Cuidados. Según confirmaron a Página I12 fuentes oficiales, habrá un anuncio de las medidas esta semana, luego de que el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario (FMI) salga del debate de comisiones. Los mismos informantes aseguraron que no está en carpeta el aumento en retenciones a las exportaciones, algo que confirmó el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, ante los senadores.
Esta mañana, en tanto, Domínguez y Guzmán volvieron a charlar con el Presidente y la conclusión fue dejar en claro, tal como adelantó este diario en su tapa del domingo, que la guerra de Ucrania ya llegó al país y se ve en los precios. Y que eso, según explican las fuentes, «requiere de un esfuerzo de todos». En ese mismo artículo se explicó, además, que esta puesta en evidencia del impacto de la guerra, se da en un contexto en el que este martes el INDEC dará a conocer una inflación de febrero alta y con influjo de alimentos, situación que se repetirá en marzo y abril. Así, y a sabiendas de que las medidas generarán malestar en un sector agropecuario reacio a la administración del comercio, Fernández instruyó al jefe de Gabinete, Juan Manzur, a ocuparse de comunicarles en tiempo real a los gobernadores los avances que se vayan dando en esa articulación entre el Estado y los privados.
Los detalles de las medidas
El paquete de medidas tiene, básicamente, dos patas: el comercio exterior y el consumo doméstico. En el primer tema, el Gobierno descartó que se vayan a instaurar retenciones, pero eso no excluye la potestad de modificar los diferenciales de exportación de algunos procesados, que se hizo entonces por Decreto. “El objetivo es encontrar un equilibrio entre los incentivos a la producción y el impacto en la inflación interna. Dicho eso, le respondo: no se está contemplando un aumento de los derechos de exportación de los granos, del trigo, del maíz, del girasol, del poroto de soja y los demás granos”, explicó Guzmán ante una pregunta del senador PRO Alfredo de Ángeli en el senado. Lo propio hizo la portavoz del Presidente, Gabriela Cerutti, en diálogo con acreditados en la Casa Rosada, corriendo las retenciones del eje.
Qué es lo que se hará, entonces, con el comercio exterior? Se analiza la posibilidad de subir dos puntos al diferencial de exportación de harinas y aceite de soja. Hoy, la exportación de poroto de soja paga 33 puntos por ese concepto y 31 los procesados. En 2021, el Gobierno tomó la decisión de bajar dos puntos ese plus que había impuesto el Gobierno de Macri, como medio para fomentar el agregado de valor. Ahora, por necesidad en este escenario, esos dos puntos se subirán, lo que técnicamente no es un alza en retenciones y el Gobierno puede hacerlo sin ir al Congreso. Inicialmente, algunos funcionarios nacionales plantearon la idea de que haya, también, un alza en las retenciones al trigo y al maíz, que podrían pasar del 12 al 15 por ciento. Esto, a priori, genera un ruido que el Gobierno busca evitar: la ley de Emergencia Económica, que le daba al Ejecutivo la potestad de hacerlo sin pasar por el Congreso, está caída; mientras que el Presupuesto 2021 no se votó, y era la otra pata posible para hacerlo. Los que insisten en hacerlo aclaran que eso podría llevarse a cabo de la siguiente manera: vía un decreto que tendría que aprobar la Comisión Bicameral; o bien el envío de un proyecto de ley al Congreso, para subir la retención. Ambos escenarios son complejos para un gobierno que no tiene mayorías y que vive una interna descarnada que hasta le quitó votos favorables propios para apoyar el acuerdo con el Fondo Monetario (FMI). Los que están convencidos que es un camino que no se debe descartar, afirman que es la única manera de desacoplar de manera completa los precios de los granos en Chicago de los de la plaza local, evitando así, además, la especulación en sectores minoristas.
Pero esa idea choca, además, con cuestiones políticas. No hay espalda oficial para ir a un conflicto amplio ya no con el campo, sino con los «socios» que allanaron la relación tormentosa con el sector más ultra de la ruralidad. La referencia es que la suba del diferencial de exportación es un punto en el que el Consejo Agroindustrial (CAA), el campo negociador, ya criticó y va en contra de los pactos políticos que se hicieron para crear más empleo y darle valor a la producción primaria.
Ahora bien, si la preocupación número uno es el impacto del precio internacional del trigo, para qué se tocan los derivados de la soja? Esa medida está relacionada con la segunda medida, dado que ese dinero que se recauudaría por subir el plus iría a financiar dos posibles frentes. En la mesa del Gobierno se charla sobre que se amplíe el fideicomiso del trigo (raro porque es un fondo de privados), que separa 800 mil toneladas para ser subsidiadas por los privados y «congelar» por un año el valor minorista de la harina 000 y el paquete de fideos de medio kilo en Precios Cuidados; o bien conseguir fondos para que el propio Estado compre trigo más barato. Vale decir que esa suba de dos puntos a los diferenciales de la harina y el aceite de soja representa alrededor de 400 millones de dólares, que serían usados para ese fondeo.
De todos modos, eso no resuelve un asunto de fondo que es el traslado excesivo, según el propio sector molinero, de los precios internacionales de la harina a los panificados. Este diario accedió a cifras que se pusieron sobre la mesa en los debates con el Gobierno. Tras los primeros impactos de la guerra, la harina de trigo (25 kilos) pasó a venderse en Argentina a entre 1800 y 2000 pesos. En esa línea, el precio máximo del kilo está en torno a los 80 pesos, con la siguiente injerencia en los precios finales: 22 pesos sobre los 500 pesos que cuesta una docena de facturas; 72 pesos de los 270 promedio del kilo de pan; 40 sobre los 100 pesos del paquete de fideos; y 13 pesos sobre los 600 pesos que vale una docena de churros. Un dato extra: de un kilo de harina salen tres docenas y media de medialunas; 1,1 kilos de pan, dos paquetes de fideos; y 3 docenas de churros.
Por esta y otras razones, el secretario de Comercio, Roberto Feletti, estuvo reunido en las últimas horas con comercios y productores de alimentos, para plantear que habrá un monitoreo del abastecimiento de algunos productos que están impactados por la guerra, sobre todo aceite y harinas. El asunto es clave porque, además, la harina subsidiada por el fideicomiso será provista para productos de Precios Cuidados. En ese frente, el Gobierno también abre el paraguas por lo que se ve en la zona euro, con países como España ya padeciendo desabastecimiento por la situación bélica.