El juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials dictó la nulidad de la resolución y el decreto con los que el gobierno de Mauricio Macri decidió concederse una suerte de «autoperdón» por las irregularidades en el acuerdo para licuar la deuda del Correo Argentino. Esto implica que se podrá reabrir la investigación sobre el papel de los exfuncionarios que aceptaron una oferta de pago que fue considerada «ruinosa» y «abusiva» por implicar una quita del 98,87 por ciento de lo adeudado y sobre cómo se llegó a aquel acuerdo que beneficiaba al grupo empresario de la familia del expresidente. Aquella investigación interna apuntaba al entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y a su director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa. El decreto que la clausuraba fue firmado por la exvicepresidenta Gabriela Michetti y el exjefe de gabinete, Marcos Peña.

El acuerdo que apuntaba a perdonar la deuda millonaria arrastrada por el Correo desde 2001 y que tiene como acreedor clave al Estado, se intentó firmar en junio de 2016. Tiempo después fue abortado a partir de la denuncia de la fiscala ante la Cámara Comercial Gabriela Boquin. Como quedó en evidencia que el gobierno de Macri actuaba de los dos lados del mostrador, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, le pidió al entonces procurador del Tesoro, Carlos Balbín, que iniciara urgente una actuación interna para que identificara a «los agentes involucrados» y determinar sus responsabilidades «disciplinarias y patrimoniales». Balbín avanzó pero en el interín, por esa y otras diferencias con el gobierno de Cambiemos, terminó empujado a dejar su cargo. Su sucesor, Bernardo Saravia Frías, cuyo estudio había representado a SOCMA, la controlante del Correo, cerró finalmente el sumario el 3 de mayo de 2018. 

El fiscal Rodríguez planteó una apelación, ya que las normas le dan esa posibilidad, pero la decisión quedaba en manos del propio Poder Ejecutivo. Macri se excusó el 4 de octubre de aquel año por razones de decoro y delicadeza (mientras su familia tenga participación en el Correo) y cedió el tema a Michetti. Con el decreto 907/2018 la exvicepresidenta y Peña dieron el asunto por terminado unos días después, el 12 de ese mes. El texto decía: «En la investigación sumarial se tuvo por cierto que los letrados actuantes en representación del Estado Nacional en la audiencia del 28 de junio de 2016, lo hicieron conforme a expresas instrucciones del entonces Ministro de Comunicaciones, por lo que sus conductas no generaron la responsabilidad administrativa que les sea reprochable”. Es decir, no había ningún análisis sobre lo que el acuerdo implicaba. Remarcaba que, además, cómo el pacto no llegó a concretarse (ante el escándalo) no se violó la Ley de Ética y «mal puede reprochársele –señalaba el texto– a quienes llevaron adelante el cumplimiento de una instrucción dada por la superioridad”.

Rodríguez apuntaba a esclarecer qué funcionarios habían participado en el diseño y la ejecución de la estrategia que, a todas luces, beneficiaría al Grupo Macri. En años anteriores ninguna oferta para el pago de la deuda del Correo había sido aceptada por insatisfactoria. Pero la PIA puso a la vista que el sumario interno sólo había consistido en tomar la versión del ex funcionario Mocoroa. Tras el decreto de Michetti recurrió a la justicia en lo contencioso administrativo. El juez Cayssials señaló en su fallo el «abusivo comportamiento de parte de la administración» de Macri. A la PIA, entre otras cosas, se le impidió ofrecer pruebas en el proceso administrativo.

Ahora el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, es quien puede retomar la investigación que, en rigor, nunca se hizo. Hay que ver si, además de apuntar a Aguad y Mocoroa, se expande a quienes firmaron el decreto. Existe una causa penal en Comodoro Py donde los dos primeros fueron indagados en marzo de 2019 pero nunca se resolvió su situación procesal. Lo mismo sucede respecto del presidente del Correo Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, apoderado, ambos hombres claves para SOCMA. En la causa comercial, la Cámara debe decidir si deja firme la quiebra del Correo finalmente decretada el año pasado por la jueza Marta Cirulli y que los Macri todavía discuten.