La mejor opción que encuentra el Gobierno para superar el estallido que provocó la renuncia de Martín Guzmán es ratificar el cumplimiento del acuerdo con el FMI. Conseguir que Fondos Comunes de Inversión y bancos den esta misma semana una señal de confianza con la renovación de la deuda en pesos. Y apurar medidas con Silvina Batakis, ya en plenas funciones en el Ministerio de Economía, Daniel Scioli desde Desarrollo Productivo y Miguel Pesce desde el Banco Central. Hay que actuar de manera urgente, reconocen los funcionarios, no solo para dominar la corrida cambiaria y contra los títulos públicos, sino especialmente para aplacar el fogonazo inflacionario, que amenaza con escalar a un rango de 7, 8 por ciento o más este mes.
“Sin ordenamiento de la política, no hay nada que se pueda hacer”, remarcan en el Gobierno. La posibilidad de disponer un desdoblamiento del mercado cambiario, con un dólar para el comercio exterior y otro financiero y/o para el turismo no es algo que se esté pensando en este momento, pero si lo fuera no se podría avanzar sin un acompañamiento político contundente del Frente de Todos, en especial de Cristina Fernández de Kirchner. Otras medidas para desalentar la salida de divisas por viajes al exterior que sí figuran en carpeta necesitarán igualmente de ese fuerte respaldo.
El objetivo del Gobierno es hacer control de daños sobre la crisis que desencadenó la salida de Guzmán, presentada de la peor manera, en un contexto delicado del país -y del mundo- y por quien se ofrecía como garante del plan para tranquilizar la economía. «El jueves el ministro nos dijo que no se iba y el sábado renunció», reprocha un banquero nacional la actitud del ex funcionario. También le apunta a la conducción del Poder Ejecutivo, por no tener armado un plan B para esa contingencia, que tampoco era tan difícil de prever viendo el contexto de peleas permanentes de Guzmán con funcionarios del área de energía y, fundamentalmente, por los cuestionamientos de Cristina y Máximo Kirchner.
Control de daños para el Gobierno significa desactivar la cuarta corrida cambiaria, según la cuenta que venía llevando Alberto Fernández, detener el zarpazo de precios y lograr retrotraer algunos, para volver a poner en escena como algo medianamente realista el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos definidos en el acuerdo con el FMI. Con apoyo político del Frente de Todos, insisten.
La necesidad de respetar los grandes trazos del arreglo con el FMI es para establecer un ancla que permita frenar el derrumbe de los bonos, mantener abierto el crédito en pesos y desactivar las expectativas de un gran salto del dólar, del orden del 25 al 30 por ciento. En el último mes la cotización oficial subió 5,6 por ciento, desde 126,7 a 133,9 pesos. Es una hoja de ruta que Batakis ya indicó que está dispuesta a seguir.
A mitad de semana arrancan los vencimientos de títulos públicos del mes, por un monto menor, pero a lo largo de julio hay que renovar 476 mil millones de pesos. Si el Ministerio de Economía logra pasar el test con la refinanciación de la deuda tendrá algo de qué agarrarse para empezar a revertir las expectativas de devaluación instaladas entre los actores económicos, financieros y de la economía real. Los funcionarios sostienen que hay posibilidades de hacerlo, ya que Fondos Comunes de Inversión y bancos también necesitan que amaine la crisis. Nadie quiere un contagio de los depósitos en pesos y dólares.
“Los que quieren y pueden sacarse los bonos de encima son una cantidad menor. El grueso ya se fue. El billón de pesos en intervenciones del Banco Central fue en respuesta a esa salida. En cuanto a los fondos de inversión del exterior, también es menor la incidencia en este momento, porque también ya se fueron en su gran mayoría”, analizan.
En agosto los vencimientos de la deuda en pesos totalizan 406 mil millones. En septiembre serán 1,02 billón. En noviembre, 459 mil millones y en diciembre, 273 mil millones. Sin embargo, más de la mitad de esos montos son con el propio sector público.
En cuanto a la situación de las reservas, la evaluación de los funcionarios es que desde este mes irá disminuyendo el pago de importaciones de energía y combustibles, y lo mismo sucederá con el resto de las importaciones por los límites que impuso la autoridad monetaria.
Batakis, Scioli y Pesce garantizaron este viernes a industriales de la alimentación que estarán los dólares para la producción, y lo mismo indican para el resto de los sectores que necesitan insumos y productos indispensables. Se trabajará para que el torniquete a las compras al exterior no trabe la actividad y consumos básicos, pero se recortará lo que no entre en esas categorías.
A esa menor salida de divisas se suma, en el cálculo oficial, la mayor entrada por liquidaciones de exportaciones demoradas y desembolsos de organismos internacionales que no se efectivizaron, como estaba previsto, en la primera mitad del año. Son más de 10 mil millones de dólares que harán que la situación del segundo semestre sea manejable, confían.
“Si logramos encaminar la situación y las cosas se tranquilizan, podemos recuperar la agenda que se llevaba adelante antes de la renuncia de Guzmán. Financiar el déficit con deuda pública, reducir gradualmente los desequilibrios e ir incorporando reservas”, dicen en el Gobierno.
La pregunta que surge inmediatamente es si ese plan cuenta con el respaldo de Cristina Kirchner y sectores del Frente de Todos que venían reclamando medidas muy distintas, como el Salario Básico Universal o una segmentación de tarifas acotada a un universo más comprimido del que imaginaba Guzmán. La necesidad de generar bonos o refuerzos de ingresos para jubilados y sectores sociales vulnerables por la escalada de precios seguramente también aparecerá en escena.
El desafío para el oficialismo sigue siendo el mismo: ponerse de acuerdo en el rumbo, las acciones y llevarlas a cabo con apoyo de todos sus integrantes y con decisión. De lo contrario, la crisis seguirá escalando.