Autoridades nacionales y provinciales recibieron a representantes de ocho comunidades mapuches de Río Negro, Chubut y Neuquén para intentar destrabar el conflicto territorial que el pueblo originario mantiene en la zona y que derivó en el desalojo y represión de Villa Mascardi el 4 de octubre pasado. La Comitiva de Autoridades Tradicionales del Pueblo Mapuche y Mapuche Tehuelche reclamó la desmilitarización de la zona, la liberación de las cuatro mujeres detenidas con sus hijos y la disolución del Comando Unificado de Fuerzas Federales, responsable del operativo.
La reunión había sido acordada con el presidente Alberto Fernández en diciembre en la Casa Rosada y contó también con la presencia de referentes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, como veedores. Las partes volverán a encontrarse en 15 días en Bariloche. La próxima semana habrá otra reunión pero con ciudadanos no originarios de Villa Mascardi.
No hubo definiciones en el segundo encuentro entre Gobierno y referentes mapuches, que duró casi cuatro horas. No obstante, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Alejandro Marmoni, calificó como «auspiciosa» la continuidad del diálogo. «El abordaje de temas tan complejos como tierra, territorio, espiritualidad fue productivo. De todas maneras esto se enmarca en una larga historia de desencuentros», sostuvo. En diálogo con Página/12, Marmoni dijo que «el compromiso es seguir trabajando entendiendo que el diálogo intercultural es la única manera que tenemos como Estado de resolver estos conflictos, y no con la represión institucional como en el pasado».
La reunión fue convocada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. Por parte del Gobierno estuvieron representantes de Parques Nacionales y del Ministerio de Seguridad. También estuvo la secretaria de Derechos Humanos de Río Negro, Evangelina Saizar.
En diálogo con este diario, el vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, reconoció que «se vislumbra la posibilidad de un acuerdo» en el corto plazo, aunque «al Gobierno le cuesta resolver estas cuestiones porque tiene antecedentes de negarse a reconocer territorios, en un conflicto que tiene ya varias mesas de diálogo». El referente afirmó que «resolver el tema territorial también terminaría con las causas judiciales y con la prisión preventiva» de las cuatro mujeres detenidas.
La próxima reunión será el 31 de este mes en Bariloche. Allí se esperan definiciones concretas para los reclamos mapuches. «Le marcamos al Estado el incumplimiento de los derechos indígenas, el hecho de llevar adelante el desalojo en un lugar que tiene un rewe, una machi, es atacar la espiritualidad de un pueblo, que también es condenado como un delito internacional», sostuvo Carriqueo. En este sentido, los 12 referentes que participaron de la reunión solicitaron la presencia de autoridades de los ministerios nacionales de Salud y de las Mujeres en el próximo encuentro, para garantizar «el acceso a nuestro propio sistema de salud como tiene cualquier pueblo indígena del mundo».
El otro tema a tratar, la disolución del Comando Unificado que actuó en el desalojo, divide las aguas. Desde la Secretaría de Articulación Federal sostienen que fue la Justicia la que solicitó su intervención. La comitiva mapuche señaló que es el Ejecutivo el que organiza el comando y tiene la potestad de suprimirlo. Autoridades y referentes indígenas manifestaron que continuarán trabajando en la cuestión.