La jueza Loretta Preska, que sucede a Thomas Griesa en los tribunales de Nueva York, falló a favor de YPF y en contra del Estado argentino en el juicio por la expropiación de YPF durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en 2012. De esta forma, YPF quedará eximida de pagar y la nación deberá seguir peleando contra el fondo buitre Burford Capital, que le compró en 2015 el derecho a litigar a algunas empresas privadas que eran accionistas minoritarias de la petrolera y aseguraron haber sido perjudicadas. El Estado argentino tiene aún dos instancias para apelar.
Primero, la buena noticia: la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York eximió de responsabilidades a YPF, ya que los estatutos no obligan a la petrolera a «hacer cumplir los requisitos de la oferta pública de adquisición o sanciones por no hacerlo”. La defensa y las apelaciones están en manos de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini.
«Es un fallo positivo para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del estado nacional con lo que sus activos están fuera de riesgo. Por otro lado, es importante destacar que no se hace lugar a todos los pedidos de los demandantes.», aseguraron a PáginaI12 fuentes de la compañía.
Las noticias, en cambio, no son tan buenas para el Estado nacional. Según la magistrada norteamericana, “los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República” y a una “sentencia sumaria contra la República por sus reclamos por incumplimiento de contrato”. Las pretensiones de los demandantes son válidas según la ley local, que usó para juzgar el caso.
El reclamo de Burford tuvo su asidero por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. El país se comprometía a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.
La condena no tiene aún un monto determinado: esa será la próxima disputa en tribunales, pero puede ser menor a lo que le reclamaban. Es que la suma reclamada por los fondos litigantes va entre 8.500 millones de dólares y llega a hasta los 19.8000 millones de dólares. Pero esos montos no son definitivos. El Estado Nacional tiene otras dos instancias, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de EE.UU., antes de que el fallo quede firme, pero deberá abonar una garantía.
Preska demoró casi 280 días la decisión desde que las partes involucradas terminaron de presentar sus argumentos y responder los de la contraparte. Quienes siguen de cerca el caso estimaban que iba a haber novedades antes del 31 de marzo, cuando cierra el registro periódico que hace la justicia norteamericana para monitorear el trabajo de los magistrados. Cada semestre se publica la lista de casos pendientes de hace más de seis meses de cada uno de los funcionarios, y se esperaba que Preska lo haya querido tachar de su lista.
Alerta buitre
Lo distintivo de este caso es la característica del demandante: el fondo buitre Burford Capital, cuyas acciones en la Bolsa de Nueva York aumentaron 53,19 por ciento tras conocerse la decisión de Preska. Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Burford se constituyó el 11 de septiembre de 2009 en el paraíso fiscal de Guernsey, isla del Canal de la Mancha. Para este fondo, el caso YPF no es uno más en su cartera de negocios.
Cuando comenzó a cotizar como empresa pública en la bolsa de Nueva York, el 19 de octubre de 2020, tuvo que presentar informes y balances reglamentarios a los accionistas. Allí quedó expuesto que este juicio es el principal activo en su cartera. A diferencia del tradicional accionar carroñero, Burford Capital no compró bonos en default para reclamar luego el cobro del ciento por ciento más intereses y punitorios, sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF (el grupo Petersen) para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Tampoco cuenta con la espalda financiera que tienen los fondos buitres más tradicionales.