Las decisiones impuestas por el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, sobre la obra pública, pusieron en alerta a os directivos de la Federación de Constructores del Noroeste Argentino (Fcnoa), que reúne alrededor de 200 pequeñas y medianas empresas, que dan trabajo a unos 40.000 trabajadores; el 80 por ciento de ellos vinculados justamente, con los proyectos financiados por el Estado.
Entre otros, los presidentes de las Cámaras Salteña, Jujeña y Tucumana de la Construcción, Juan Carlos Segura, Nicolás Benicio y Jorge Garber, respectivamente, se reunieron en nuestra provincia para analizar los anuncios formulados por Caputo el martes.
Más allá de los problemas que genera la suspensión de los trabajos a futuro, los directivos detallaron lo que sucede con aquellas obras que, de acuerdo a lo planteado de manera oficial, sí continuarán, debido a que ya se encuentran en ejecución. Esas empezaron a generar severos inconvenientes a partir de los efectos de las acciones del Gobierno.
“La situación es compleja. Desde los anuncios del ministro, y con la devaluación del 120%, sufrimos aumentos que van desde un 28% del cemento a un 50% del hierro. Y estamos viendo una inviabilidad en los contratos; es imposible llevarlos adelante de esta forma. Las empresas constructoras están perdiendo su capital de trabajo; están llegando a no poder pagar los compromisos; y la gente tiene que cobrar antes de las fiestas. Por lo tanto, concluimos en que o se reformulan los contratos de obra pública o empezaremos a solicitar en cada caso la rescisión de estos”, manifestó Garber, presidente de Fcnoa.
Sugirió, además, que las medidas anunciadas por Caputo pueden abrir la puerta para eventuales planteos judiciales, por parte de empresarios. “Dijo que no se ejecutarán obras que no están licitadas y que no estén contratadas; pero hay obras licitadas y contratadas, entonces eso generará un derecho al contratista -en este caso, a la empresa- a un resarcimiento eventual en caso de los que tengan contratos”, alertó.
Respecto de las obras en ejecución, que continuarían, Garber admitió que hay mucha incertidumbre en el empresariado. “¿Cuál será la fluidez en el envío de esos fondos desde Buenos Aires? ¿Cuál será el reconocimiento en la actualización de precios ante semejante devaluación? Porque la realidad de las empresas se tornó muy compleja”, destacó.
A criterio del empresario, el porcentaje del actualización deberá seguir los números de la inflación que difunda el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de manera mensual. “En noviembre la inflación rondó el 13%; y los índices en la construcción seguramente estarán por arriba de un 20%. Con esta devaluación veremos cuánto es la inflación de diciembre”, dijo.
Garber remarcó que los contratos de la obra pública se deben renegociar. “Hay que sincerarlos; y hay que sentarse a ver en qué situación está cada una de las obras. En varias provincias del NOA las obras se están parando porque no reflejan la realidad. Y empiezan los problemas de vandalizaciones, de robos, de ocupaciones; lo que todos sabemos, porque en Tucumán nos pasó, con Manantial Sur”, indicó. Y exigió celeridad: “Hay que tomar decisiones rápidas; que no nos pase como con el Gobierno de Cambiemos (2015-2019), que se tomaron un año para hacer una revisión general y la construcción se paró en todo el país durante ese tiempo”.
El directivo dejó en claro que los empresarios de la construcción apoyan el Gobierno del presidente, Javier Milei. “Queremos que le vaya bien; nos adaptamos a las nuevas reglas del juego. Pero queremos resoluciones ejecutivas, porque la gente come todos los días y nosotros debemos cumplir con nuestras obligaciones”, señaló. En ese sentido, reclamó también la posibilidad de contar con diálogo directo con la Nación.
“Necesitamos un interlocutor para que podamos llevar todos estos problemas a las autoridades competentes. Nos pasó con el Gobierno de (Mauricio) Macri. Estuvimos más de un año sin poder hablar con la persona justa; y luego, hasta que se empezó a mover, ya había pasado la mitad de la gestión. No queremos que pase lo mismo”, señaló.
Garber subrayó que urge resolver todos estos problemas. Destacó que en Tucumán, las empresas constructoras emplean unas 15.000 personas; que en Salta este número llega a 14.000, y que en Jujuy, a unos 7.000. “En las tres provincias ya hay telegramas de despido. Escuché que David Acosta, el secretario general de la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), dijo que se habían dado aproximadamente 1.000 despidos en los últimos días en Tucumán”, citó Garber.
El trío de dirigentes se ocupó de detallar la cantidad de obras en cada provincia cuyos contratos entienden que se deberían revisar como consecuencia de la devaluación. “Tucumán tiene más de 100”, advirtió Garber. “En Salta, unas 170; más 230 previstas para este año”, indicó Segura. “Jujuy tiene 130”, cerró Benicio.