Secuestraron documentación de un galpón y buscan más indicios
Martes 23 de enero de 2024
Han pasado casi dos semanas desde que el ministro de Desarrollo Social Federico Masso denunció el caso. Hasta el momento, se realizó una treintena de allanamientos. En las medidas se secuestraron mercaderías y procesaron a cuatro personas, tres de ellas están privadas de su libertad.
En este contexto, el fiscal Ignacio López Bustos está manejando dos líneas en la investigación y ambas conducen al mismo lado: habrían sido entregada con fines benéficos, pero sus responsables la podrían haber entregado como bolsones en las últimas elecciones o como parte del sistema de clientelismo político.
Esa teoría comenzó a tomar más fuerzas con dos situaciones que se vivieron ayer. La primera, durante la audiencia en contra de Rosa Margarita Ibáñez (61) la cuarta aprehendida por esta causa. En el debate (cuyo resultado se informa por separado) la auxiliar Julieta Mole, siguiendo las instrucciones de López Bustos, planteó su teoría del caso.
Informó que personal de la ex Brigada de Investigaciones logró un testimonio clave. Una persona afirmó que era común que Marcos Soria, yerno de la acusada, utilizara una camioneta Renault Oroch color bordó para trasladar mercadería que creía que era de Desarrollo Social. Esa versión se transformó en un allanamiento donde se encontró yerba, fideos, lentejas y harinas, que efectivamente habían sido entregadas por el Estado.
En la misma audiencia, Mole informó que la fiscalía de Delitos Complejos que subroga López Bustos, había solicitado la detención. Por esa razón, los investigadores lo habían buscado en su casa de Villa 9 de Julio y en el Concejo Deliberante, lugar donde supuestamente trabajaba con el edil Emiliano Vargas Aignasse. Terminó entregándose cerca del mediodía en la sede de la ex Brigada.
Tanto el concejal, como funcionarios de Desarrollo Social, confirmaron que Soria era el encargado de retirar la mercadería en nombre de la cooperativa de trabajo “Caminemos juntos de la mano” de la empresa Hacha de Piedra. Por el momento no trascendió la cantidad ni porqué él realizaba esta tarea si la agrupación estaba a nombre de otras personas.
Ahora resta saber cuál será la postura que tomará el detenido. Vargas Aignasse señaló que lo denunciaría ante la Justicia si es que se llegaba a confirmar que se quedaba con la mercadería que tenía otro destino. “En la jerga policial eso se llama soltarle la mano. Hay que ver cuál será su reacción”, indicó.
La otra línea
Lucas Orillo es el nombre del policía que apareció mencionado en la causa. El efectivo, que presta servicio en Distrito Urbano y que quedó en disponibilidad el 18 de enero, finalmente se presentó en Tribunales. Él negó tener participación en la venta de mercadería, pero confirmó que una prima suya podría estar involucrada y marcó los lugares donde podría tener oculto los víveres.
Ayer se realizaron otros seis allanamientos. Cinco de ellos fueron en la capital y el restante, en San Andrés. Por primera vez, los investigadores se presentaron en un galpón, donde se sospechaba que podrían encontrar grandes cantidades de mercadería. No encontraron alimentos, pero sí evidencias para pensar que allí se acopiaban los víveres y que fueron retirados en los últimos días. También encontraron documentación que podría llevar quiénes eran los beneficiarios de esos productos buscados.
Además allanaron el domicilio de la mujer y le secuestraron un celular. La sospechosa estaría vinculada a un legislador del oficialismo.
Fuente: https://www.losprimeros.tv/noticias/2024/01/23/259820-avanza-la-investigacion-por-la-venta-ilegal-de-mercaderia-tras-la-pista-de-practicas-corruptas