El Gobierno derogó 69 normas de defensa al consumidor, control de precios y abastecimiento

Así lo dispuso la Secretaría de Comercio mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. Lo justificó mediante el espíritu de desregulación de la ley ómnibus.

29 DE ENERO, 2024 

Luego de dejar caer el capítulo fiscal de la ley ómnibus, el Gobierno derogó hoy 69 resoluciones y disposiciones con el objetivo de desregular las áreas de defensa al consumidor, los regímenes de control de precios, de abastecimiento y de requerimientos de información

Así lo hizo a través de la Resolución 51/2024, publicada por la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía en el Boletín Oficial. Pese a que las resoluciones y disposiciones derogadas son 59, el total llega a 69 contando las reglamentarias a esas normativas, señalaron en Comercio. Se trata de normas establecidas entre 1998 y 2023.

Desde la cartera conducida por Pablo Lavigne explicaron a El Destape que se trata de «resoluciones de comercio interior» y subrayaron que, entre otras, se deroga «el SIPRE, que obligaba a informar cantidades y tipos de mercaderías vendidas se usaba para controlar a los comercios para que cumplan con Precios Justos».

También aseguraron que no se derogan normativas estrictamente referidas a la defensa al consumidor, pese a que varias de las resoluciones y disposiciones derogadas habían sido dictadas específicamente por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores durante el gobierno de Alberto Fernández.

«Se trabajó en el relevamiento de las normas de cada área a su cargo con el objetivo de desburocratizar la gestión, simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado, eliminar superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas y promover las adecuaciones necesarias, a partir de la derogación de leyes como la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios», explicó la Secretaría de Comercio en un comunicado. 

En ese marco, agregó que «estás derogaciones son el resultado de una primera etapa de relevamiento, a la que seguirán otras medidas». Lavigne afirmó que “el sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria”.

En ese sentido, agrega que ese objetivo quedó establecido tanto en el mega DNU 70/23 de desregulación de la economía como en la «Ley Bases» (ley ómnibus) que buscará ser tratada este martes en la Cámara de Diputados.

«En el mencionado proyecto de ley (ley ómnibus), se hace referencia concreta a que resulta necesario ‘La profundización de la libertad de mercados, impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda como modo de ordenamiento y reactivación de la economía, facilitando el funcionamiento de los mercados y el comercio interno y externo, promoviendo la desregulación de los mercados y la simplificación regulatoria'», afirmó la Secretaría de Comercio para fundamentar la derogación de las casi 60 resoluciones y disposiciones.

Y añadió que el mismo proyecto de ley estipula que «debe tenerse en cuenta ‘La reconsideración de las funciones del Estado en los distintos sectores de la sociedad, a la luz de los avances y la expansión que han tenido las mismas sobre la libertad de las personas y de las empresas que interactúan en su quehacer diario y empresarial respectivos, procurando que las mismas se concentren en aquellos sectores esenciales de la sociedad, siendo ejercidas de la manera más eficiente posible'».

«En ese sentido, se advierte la existencia de resoluciones y disposiciones vinculadas con regímenes de control de precios, abastecimiento y/o de requerimientos de información o de cumplimento de distintas obligaciones relacionadas que, con base en el estado actual de nuestra economía en general, han apartado a esta Autoridad de Aplicación de las misiones y funciones genuinas que le han sido asignadas como son la de velar por la transparencia y la libre competencia de los mercados y la prevención y/o represión de las conductas ilícitas que afectan al comercio interior, entre otras, conforme se encuentran previstas en las normas antes citadas», explicó la Secretaría de Comercio entre los fundamentos de la resolución.

El objetivo final es «coadyuvar a un nuevo ordenamiento de las resoluciones y disposiciones reglamentarias que atañen al comercio interior más simple, menos burocrático y más trasparente«, expresó la dependencia dirigida por Pablo Lavigne.

Algunas de las resoluciones sobre defensa al consumidor y control de precios derogadas por el gobierno de Milei

Entre lo alcanzado por las derogaciones se encuentran el SiFIRE, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno anterior.

«Ambos sistemas generaban un dispendio de recursos humanos y tecnológicos tanto al Estado como a las empresas con información que en el pasado fue utilizada como herramienta de presión sobre las empresas para lograr adhesión a los programas que promovía la gestión anterior», argumentó Comercio en su comunicado. 

También se dispuso derogar normativas complementarias a Ley de Góndolas y de Abastecimiento, ya eliminadas, que establecían su supervisión y cumplimiento. Se derogaron además regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, así como también se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, ya que el mismo había finalizado el 8 de diciembre de 2023.

Asimismo, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, «apuntando a que ese tipo de políticas sea impulsada por los gobiernos provinciales, atendiendo a los desafíos de cada economía regional, ayudando de este modo a promover el federalismo real», señaló la dependencia de Lavigne.

Además, se derogaron normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada, la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas, y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores.

Fuente: https://www.eldestapeweb.com/economia/precios/el-gobierno-derogo-69-normas-de-defensa-al-consumidor-control-de-precios-y-abastecimiento-202412910240