La combinación entre la recesión y la alta inflación derivará en el desplome de los salarios y la recaudación. Ambos componentes definen los aumentos para los jubilados y pensionados. La prometida estanflación también funciona como licuadora de los haberes.
01 DE FEBRERO, 2024
Aunque el Gobierno cedió en su posición y mantuvo la Ley de Movilidad Jubilatoria en el proyecto de ley ómnibus, el programa del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, contemplan un ajuste de casi dos puntos del PBI en al gasto previsional. La prometida estanflación, que ya comenzó, hundirá las variables que componen el índice por el cual se actualizan los haberes.
De acuerdo a un informe de la consultora LCG, con la fórmula vigente, la aceleración de la inflación y la caída del salario harían que el gasto previsional disminuya un 1,7% del PBI respecto del gasto en 2023. la actualización de los haberes se realiza de manera trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre) en función de la evolución de los salarios y de los ingresos tributarios destinados a ANSES, con un rezago de tres meses.
Así, el ajuste a aplicar en marzo de 2024 contempla la dinámica de estas dos variables durante el trimestre octubre-diciembre de 2023. En base a los cálculos de la consultora, esto implicará un incremento de los haberes en torno al 44%. Si la inflación se sostiene en los niveles actuales, el aumento previsto por la ley no alcanzará para cubrir la pérdida de poder adquisitivo en estos meses, derivados de la megadevaluación impuesta por el Gobierno.
Eliminar el artículo de movilidad del dictamen de mayoría, con una indexación basada en último IPC disponible, hubiera generado un «ahorro fiscal para 2024 de aproximadamente 1,2% del PBI». Para 2025, la fórmula vigente generaría un gasto adicional de 0,9 puntos respecto de una fórmula basada en inflación.
Aún en su ambición de recortar el gasto, el informe subrayó la inconsistencia del programa económico: «Al ahorro de mantener la movilidad vigente se suman los desahorros por menores retenciones (0,5% del PBI), la ausencia del blanqueo (0,5% del PBI) y la posible no reversión de Ganancias (otros 0,4% del PBI), esto fuera de la ley ómnibus. Eliminar el capítulo fiscal implica, entonces, menos retenciones y menos jubilaciones y un resultado fiscal neutro en relación con la propuesta inicial». El artículo del proyecto de ley, por otro lado, no mencionaba nada de los regímenes de privilegio, ni otras cuestiones que hacen a los aportes previsionales del régimen general.
Por ejemplo, de acuerdo al boletín de estadísticas de la Seguridad Social de la Anses, en diciembre, el costo del organismo para pagar las jubilaciones de privilegio del sector judicial fue de 15.934 millones de pesos. En la actualidad se pagan 7.587 haberes y el beneficio promedio es de 2.100.139 pesos.
El gasto en jubilaciones de Anses fue equivalente a 6,5% del PBI en 2023 y cerró el tercer año al hilo en baja con un ajuste de casi dos puntos respecto al período 2017-2019. Aun así, representa 32% del gasto primario del sector público nacional.
Para la consultora, el escenario base asume inflación elevada (en torno a 20% mensual) para la primera mitad del año, convergiendo a registros «más bajos en la segunda mitad» considerando que «el Gobierno logra implementar un plan de estabilización exitoso». Así, la fórmula actual implicaría un nuevo ajuste en el gasto, que cerraría en 4,8% del PBI en 2024.
El ajuste que ya empezó
La semana pasada, el Gobierno confirmó que el monto del bono de febrero que reciben con sus haberes será el mismo que el de diciembre pasado, por lo que el mes que viene, según las previsiones inflacionarias, habrá perdido un 44% de su valor desde la asunción de Javier Milei.
De esta forma, prosiguió con la misma política que el gobierno de Alberto Fernández, que en los últimos años, dado que la fórmula de movilidad todavía vigente no contempla un mecanismo de indexación por inflación, había otorgado bonos complementarios a discreción con el objetivo de que los jubilados y pensionados no perdieran contra la suba de precios.
La diferencia, sin embargo, es que el gobierno de Milei congeló el monto del bono. Este ya había sido de 55.000 pesos en diciembre, según lo determinado por el gobierno peronista saliente. Pero también fue de 55.000 pesos en enero y lo mismo ocurrirá en febrero. Es decir, un jubilado con la mínima cobrará en febrero 160.000 pesos, lo mismo que en diciembre.
Fuente: https://www.eldestapeweb.com/economia/jubilaciones/con-la-ley-de-movilidad-el-gobierno-igualmente-ajustara-las-jubilaciones-2024210528