El 17 de febrero, en Bahía Blanca, iniciará el juicio por la mega causa Zona 5, el más grande de la jurisdicción con 38 militares retirados, expolicías federales y provinciales imputados por secuestros, torturas y delitos contra la integridad sexual contra unas 334 personas durante la última dictadura militar. Según el esquema estipulado por el tribunal –integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido- las audiencias se desarrollarán los jueves entre las 9 y las 15. El juicio será el debate por crímenes de lesa humanidad más grande de la provincia de Buenos Aires para el que se prevé la declaración de más de 200 testigos. El debate se realizará de forma virtual a través de la aplicación Zoom y será transmitido por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación.
En el proceso se juzgará la actuación de 38 imputados, entre los cuales hay militares del V Cuerpo de Ejército, del Destacamento de Inteligencia 181, del Batallón de Comunicaciones 181, de la Brigada de Infantería de Montaña VI de Neuquén, un miembro de la Policía de la provincia de Buenos Aires, dos oficiales de la Policía Federal de Viedma y el director de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Bahía Blanca.
Entre los imputados militares se encuentran por primera vez en la jurisdicción dos profesionales de la salud acusados de contribuir a mantener con vida a los secuestrados en La Escuelita, donde nacieron dos niños en cautiverio que aún no recuperaron su identidad. Se trata del entonces capitán médico Luis Fortunato Adalberti y del enfermero Adalberto Osvaldo Bonini, que era sargento primero en la División Sanidad.
La fiscalía los considera coautores de los delitos de asociación ilícita, de privaciones ilegales de la libertad -en el caso de Adalberti en relación a 82 víctimas, mientras que en el caso de Bonini por 70-, de quince homicidios y de la sustracción de los hijos de las desaparecidas María Graciela Izurieta y Graciela Alicia Romero, que nacieron en aquél CCDyT. Además, según la fiscalía, los imputados asistían a “La Escuelita” donde las personas secuestradas eran sometidas a constantes tormentos y, con su accionar, contribuyeron a prolongarles el cautiverio.
Otra particularidad del juicio será que por primera vez se juzgará a doce oficiales y suboficiales del Ejército por un caso de abuso deshonesto contra una mujer cautiva en la “compañía de combate (sic) My. Keller” del Batallón de Comunicaciones 181, que tuvo una fuerte participación en secuestros y fue el principal grupo de tareas del Batallón. Por ese hecho la Cámara Federal bahiense ordenó meses atrás una serie de detenciones, que incluyó al coronel retirado Enrique Stel, hasta hace un lustro funcionario del entonces gobernador José Alperovich en Tucumán.
La víctima fue secuestrada en Médanos, trasladada –atada y encapuchada– a la comisaría de esa localidad y, posteriormente, a la unidad militar, en Bahía Blanca, donde fue sometida a interrogatorios con aplicación de electricidad en el cuerpo. Durante su cautiverio, sufrió distintos abusos de índole sexual e intentos de violación.
Esa unidad militar también comandó operativos realizados entre septiembre y noviembre de 1976 en las localidades del sur de la provincia de Buenos Aires: Médanos, Algarrobo, Mayor Buratovich, Pedro Luro, Coronel Dorrego y Tres Arroyos, que consistieron en la realización de un cercado periférico de los pueblos, rastrillajes y requisas de domicilios, y el secuestro de decenas de vecinos, 28 de los cuales fueron sometidos a cautiverio en el Batallón de Comunicaciones 181. Otros tres fueron llevados a “La Escuelita” de Bahía Blanca.
También forman parte del proceso judicial los casos de vecinos de Huanguelén, secuestrados en esa localidad y trasladados posteriormente al Batallón de Comunicaciones 181 entre octubre y noviembre de 1976. Los operativos de secuestro estuvieron a cargo del Batallón de Arsenales 181 de Pigüé –cabeza del Área 512– que, junto con fuerzas policiales de la zona, procedió al rastrillaje de la población y al secuestro de numerosas personas del ámbito local.
De acuerdo con los archivos de inteligencia que pudieron recuperarse, los operativos respondieron al previo armado de listas de ciudadanos de las distintas localidades. En el caso de los que tuvieron lugar en Huanguelén, la mayoría de los secuestrados eran allegados a Rodolfo Celso Gini, bioquímico y profesor secundario asesinado en diciembre de 1974 en esa misma localidad por un grupo paraestatal autoidentificado como la Triple A.
El caso de Gini formó parte del juicio “Triple A” realizado en Bahía Blanca, con sentencia condenatoria dictada el 2 de agosto pasado por el Tribunal Oral Federal de esa ciudad. Entre las víctimas de los operativos de secuestro que ahora se ventilarán, se encuentran su esposa y su hermano —ambos trasladados al Batallón de Comunicaciones 181—, así como varios de los jóvenes que Rodolfo Gini había tenido como alumnos.
El debate contará con la intervención de la abogada Mónica Fernández Avello, en representación de las querellas de HIJOS Bahía Blanca y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y de la abogada Verónica Bogliano, como representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense. La organización HIJOS convocó además a concentrarse este jueves en la puerta del tribunal para reclamar que las audiencias se transmitan en su totalidad. HIJOS decidió colocar una pantalla para que todos puedan seguir las alternativas del proceso judicial.