Las cifras son de impacto y ponen sobre la mesa una discusión que es incómoda para un Gobierno seriamente afectado por internas políticas: la conveniencia o no de aumentar retenciones a las exportaciones en medio de la fiesta de los commodities agropecuarios. En la primera semana posterior a que la guerra en Ucrania se encendiera con fuerza, los productores del campo argentino percibieron más de 2000 millones de dólares extra gracias al efecto del conflicto sobre los precios internacionales. «Eso muestra que tenemos razón los que decimos que, en un contexto en el que hay que ser solidarios, se puede lograr desacoplar precios internos y externos vía retenciones a los que hoy están ganando mucho más», detalló a Página I12 un alto funcionario nacional, que admite la complejidad de la toma de decisiones en ese sentido. Es que, naturalmente, un aumento de los derechos de exportación tiene que ser pasado por un Congreso en el que no sólo la oposición no apoya al Gobierno, sino tampoco los propios. Por eso, vía diferentes funcionarios, el Gobierno descartó nuevos derechos de exportación.
Los números a los que accedió este diario reflejan que, sólo tomando granos sin procesar (soja, maíz y trigo vendido a futuro), desde el 1 al 8 de marzo, la ganancia extra de los productores -que les venden grano a los exportadores y reciben pesos a valor dólar- ascendió a 2124 millones de dólares, por el aumento en los valores en el mercado internacional de Chicago. En paralelo, estos rindes récord también le generan al Estado un ingreso por el nivel de retenciones ya existente, por eso algunos sectores aseguran que la solución vendría por gravar a las ganancias realmente abultadas y, además, apuntar directamente al problema del trigo. Por el momento, y de cara al viernes de medidas, el Gobierno tiene planeado aumentar dos puntos el diferencial de exportaciones para derivados de soja (aceite y harinas), con lo que recaudaría unos 400 millones de dólares. Explicado muy sintéticamente: durante el macrismo, exportar poroto pagaba 33 de retenciones y el PRO subió al mismo nivel los derechos de exportación a los industrializados. En 2021, el Gobierno de Alberto Fernández bajó a 31 a los procesados, con la idea de fomentar la agregación de valor. Esos dos puntos que se bajaron son los que se subirán para intentar, con ese dinero, fondear un nuevo fideicomiso para congelar el precio local del trigo.
Estos datos reflejan varias cosas que analizan los que en el Gobierno creen que es necesaria una discusión más fuerte sobre la redistribución de las ganancias en plena crisis. Un caso concreto: los técnicos entienden que subiendo retenciones al trigo se corregiría de manera automática el precio interno a la baja, aún con una suba temporaria de los tributos. Es ese cultivo el principal problema vinculado al precio de los alimentos, dado que Rusia y Ucrania son grandes productores y exportadores, además de competidores de Argentina. En esa línea, también desde el Frente de Todos, sobre todo desde el sector más vinculado a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, observan que estas diferencias de ingresos son parte del debate de quiénes serán los que pagarán el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Cabe recordar que el Gobierno Nacional tenía, hasta el año pasado, la potestad de aumentar las retenciones al trigo y al maíz de los 12 puntos actuales a 15. Pero esa chance se perdió por dos razones: la Ley de Emergencia Económica se venció y, a la vez, el Ejecutivo no logró aprobar el Presupuesto de este año, donde también estaba esa posibilidad. Asimismo, existe una traba política: el gobierno hace equilibrio todo el tiempo para mantener una relación fluida con el campo, en un contexto de necesidades mutuas. Y la gran mayoría cree que ir a un conflicto más áspero con la ruralidad, mientras se capea una interna que no da señales de baja de intensidad, sería imposible de llevar. Además, si tuviera que testear en el Congreso un proyecto de suba de retenciones, a priori, también se enfrentaría a un revés en materia de votos.