La pobreza, la indigencia y la informalidad laboral, que se profundizaron con la pandemia, tienen un denominador común, que es la incertidumbre. En este contexto, un grupo cada vez más grande de organizaciones sociales, sindicatos, legisladores a los que ahora se suma públicamente la vicepresidenta de la Nación volvieron a poner en agenda la necesidad de ampliar el sistema de seguridad social mediante la implementación de una prestación monetaria mensual para personas de bajos ingresos  sin ocupación plena, cuentapropistas o trabajadores de la economía informal.

Por ley o por decreto

La propuesta que tracciona el Frente Patria Grande dentro del Frente de Todos, con apoyo de la Cámpora y ahora de Cristina Fernández de Kirchner, tiene un diseño concreto que está plasmado en un proyecto de ley que un grupo de diputados presentaron hace dos meses en el Congreso y aún no fue tratado en comisiones. Aunque «puede avanzar por ley pero también por decreto, porque no hace falta necesariamente una ley», aclara el diputado Itai Hagman, uno de los abanderados del proyecto. En el Congreso, la iniciativa fue impulsada por el propio Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli del Frente Patria Grande

En el texto de la norma aseguran que el SBU es una prestación monetaria no contributiva que equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto, que en mayo fue de 14.400 pesos, y alcanzaría para establecer una base de ingresos para que la gente pueda ocuparse de formarse, terminar el colegio, o incluso conseguir otros empleos teniendo por lo menos un plato de comida asegurado. «Nuestro país tiene políticas de transferencias de ingresos dispersas y superpuestas. Se mezclan políticas de ingresos con otras de apoyo al empleo en la economía popular, ambas necesarias. Un Ingreso Universal permitiría transparentarlas, diferenciarlas y hacerlas más eficientes», explicó Hagman.

El público objetivo será quienes tengan entre 18 y 64 años y estén desocupados, sean monotributistas categoría A, trabajadoras de casas particulares, trabajadores agrarios, asalariados informales y asalariados formales pero pobres, es decir con un ingreso equivalente a monotributistas de categoría A. La premisa es ampliar el sistema de seguridad social, que cuenta con una protección muy amplia en niños y adultos mayores, pero con un gran déficit para la población de entre 18 y 65 años sin hijos, pobres o de clase media baja sin patrimonio ni ingresos fijos. Uno de los requisitos para percibirlo es no cobrar prestación por desempleo, Potenciar Trabajo ni Tarjeta Alimentar.

Según los cálculos que hace el equipo del Frente Patria Grande, la población objetivo sería de 7,5 millones de personas, un número en linea con la cantidad de beneficiarios de Refuerzo de ingresos otorgado este año. «El SBU cubriría al 27 por ciento de la población adulta de 18 a 64 años, con un elevado nivel de cobertura sobre la población inactiva, desocupada y asalariada no registrada», explica un informe de Ocepp, el observatorio económico del que participa Hagman

El costo fiscal bruto anual que demandaría el proyecto podría ascender al 1,8 por ciento del PIB. Sin embargo, al restarle el gasto de otros programas que absorbería el SBU y también el retorno fiscal que se generaría por el consumo -y entonces los impuestos- que generaría el uso del dinero, el costo se reduciría más de la mitad, a 0,7 por ciento del PIB, o 304.877 millones de pesos.

Próximo paso: Salario Básico Universal 

El debate por la implementación de un SBU toma especial relevancia en un contexto de debate fuerte acerca del modelo económico dentro de la coalición gobernante. Por lo pronto será un punto que deberá agregar la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, a su agenda de pendientes apenas pise el quinto piso del Ministerio de Economía. «Querida @sbatakis te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor!», la recibió el dirigente del MTE Juan Grabois por redes sociales.

Las palabras de Grabois toman particular relevancia porque fue a quien Cristina nombró explícitamente durante su discurso del sábado al hacer referencia a la medida. Y es quien mantuvo conversaciones con ella tras el acto de la CTA en la que la vicepresidenta habló de que el Estado tenía que transparentar el control de los programas sociales, desatando durante días distintas interpretaciones sobre sus dichos.

Tras las palabras de Cristina «la expectativa ahora es que pueda avanzar. Pero eso implica terminar de saldarlo con el resto de la coalición. Que Cristina esté de acuerdo allana muchísimo el camino pero falta todavía el visto bueno del presidente«, aseguran a PáginaI12 quienes siguen de cerca el proyecto. El mayor desafío pasa por el financiamiento, en un contexto de metas fiscales firmadas con el FMI. En el Instituto Patria consideran que lo firmado con el FMI son metas, por lo que hay lugar para la definición de políticas, sobre todo en este contexto internacional.