La jefa de los asesores tutelares porteños, Carolina Stanley, sacó una resolución por la que crea una unidad especial para demandas colectivas y puso a cargo a un asesor tutelar con larga historia de beneficiar al PRO. La unidad especial tendrá «competencia exclusiva» para ocuparse de este tipo de acciones, donde están afectados derechos de un grupo grande de niños y niñas. Un grupo de asesores tutelares reclamaron que se dé marcha atrás con la medida, que les impide iniciar causas colectivas de oficio cuando estén afectados los derechos de niños, niñas o adolescentes. La medida llegó después de que varios amparos impactaran en el Gobierno porteño, como el que obligó a Soledad Acuña a poner micros para personas con discapacidad.
La exministra de Desarrollo Social de Mauricio Macri recaló hace tiempo en la asesoría tutelar, que es la encargada de defender los derechos de las infancias y adolescencias. Reemplazó a una dirigente de María Eugenia Vidal, Yael Bendel, quien tuvo previamente algunas polémicas por intentar concentrar funciones en un solo funcionario: el mismo al que ahora Stanley le da el control de las demandas colectivas, es decir, las que afectan los derechos de muchos niños y niñas.
Procesos Colectivos tendrá competencia específica y exclusiva para promover e intervenir en procesos colectivos -y/o aquellas causas individuales que se acumulen o se declaren conexas a uno- que involucren los derechos de niñas, niños y adolescentes», dice la resolución, que sostiene que lo mejor es la especialización para abordar este tipo de procesos y cita que están haciendo lo mismo desde ministerio fiscal y de la defensa (aunque, en el caso de los defensores, tiene que ver con los derechos de las personas que habitan villas y asentamientos).
En otro acto administrativo, lo nombra por un año como coordinador de esta Unidad de Procesos Colectivos a Damián Natalio Corti, un asesor tutelar y exfiscal que tiene ya su historia en esta materia de absorber litigios problemáticos para la gestión PRO.
Corti intervino, en ese caso, mediante una resolución especial de la asesora tutelar anterior, que le permitió a él exclusivamente meterse «en los asuntos que no admitan demoras y en los que las partes requieran habilitación de días y horas inhábiles». También lo convocó a una «mesa de trabajo intersectorial» dentro de la asesoría tutelar. Todo terminó con varias denuncias ante el Consejo de la Magistratura porteño. En las causas en las que Corti intentó ejercer ese rol de quedarse con todo litigio contra Larreta en pandemia, los jueces le rechazaron la presentación.
Ese mismo año, Corti intentó cerrar una causa en la que se planteaba que el Gobierno porteño debía dar internet y herramientas para educación a distancia a niños y niñas de las villas. En ese caso, quedó asentado el giro que dio en un fallo del juez Andrés Gallardo: Corti fue quien inició la causa, pero «a menos de una hora de sorteada la demanda (es decir, cuando se enteró de que el juez sorteado era Gallardo), solicitó la suspensión del proceso». Luego dijo que había llegado a un acuerdo con el Gobierno porteño y que pedía que se cerrara la causa. Nada de eso ocurrió: Gallardo condenó al Gobierno porteño a proveer internet a niños y niñas, cosa que la gestión de Larreta no hizo.
La designación de Corti ahora en una Unidad que subsume todos las demandas colectivas de la asesoría tutelar contra el Gobierno porteño despertó polémica de inmediato. Un grupo de asesores presentaron, inicialmente, un pedido de reconsideración ante Stanley. En el texto, firmado por Mabel López Oliva, Norma Beatriz Sas, Jorge Luis Bullorini, remarcaron que «al disponer una competencia exclusiva a la nueva Unidad Especializada en Procesos Colectivos, la resolución anula las competencias y funciones otorgadas a las Asesorías de primera instancia
por las normas de naturaleza superior. De esta forma, se afectan el legítimo ámbito de intervención de lxs Asesorxs de primera instancia, despojándonos
ilegalmente de nuestras competencias y funciones». Y destacan que ataca, especialmente, la capacidad de promover acciones de oficio. La resolución, advierten, «fue absolutamente inconsulta, y se resolvió sin ninguna participación previa de los actores principales del tema objeto de regulación».
La disposición llega convenientemente luego de una serie de fallos de demandas colectivas que le salieron en contra a Larreta. El más notorio fue el de la jueza Romina Tesone quien ordenó que el Gobierno porteño debía garantizar el transporte en micros escolares a niños y niñas con discapacidad en las escuelas de educación común y asisten a contraturno a la Escuela de Educación Especial Nro. 33″. Ese fallo llegó después de que promoviera una demanda colectiva la asesora tutelar López Oliva a fin de «garantizar el derecho a la educación y a la igualdad del colectivo de niñes con ceguera que realizan integración en escuelas comunes y asisten a contraturno a la Escuela de Educación Especial Nro. 33 ‘Santa Cecilia’.» Es algo que, con la nueva resolución, no volvería a pasar.