El dictamen de mayoría cosechó 55 firmas, pero 34 fueron en disidencia. Parte de la UCR y Hacemos Cambio Federal no acompañaron, por lo que se abre la posibilidad de que caigan varios artículos clave. Unión por la Patria reunió 45 firmas para su propio dictamen en rechazo al proyecto. El jueves se debatirá en el recinto, con final abierto.
El oficialismo de la Cámara de Diputados logró durante la madrugada, con el respaldo de bloques opositores dialoguistas, emitir un dictamen favorable al proyecto de Ley Ómnibus en el plenario de comisiones. Ahora la iniciativa estará habilitada para ser debatida en una sesión maratónica que se realizará este jueves y viernes.
El libertario Guillermo Bornoroni informó que el dictamen de mayoría cosechó 55 firmas de los bloques de La Libertad Avanza (21 diputados), el PRO (20 diputados), la UCR (8 diputados), Hacemos Coalición Federal (4 diputados) e Innovación Federal (2 diputados), pero los bloques dialoguistas lo hicieron con disidencia parcial.
Las disidencias de los legisladores opositores dialoguistas totalizaron 34 y están centradas en el aumento de las retenciones, el sistema de actualización de jubilados, el financiamiento político, y el mecanismo de las privatizaciones. Estas diferencias pueden poner en riesgo la aprobación de varios artículos centrales de la ley en la votación en particular, por eso tras la firma seguían las negociaciones y no se conocía el proyecto definitivo que se tratará en el recinto.
La bancada de Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 45 firmas en rechazo el proyecto oficial. Los legisladores de la Coalición Cívica, del socialismo y del Gen, que integran Hacemos, presentaron dictámenes de minoría al rechazar los acuerdos con la Libertad Avanza. La izquierda también presentó su propio despacho contra la iniciativa.
Los números para la sesión
Tras la firma del dictamen, el oficialismo pedirá una sesión especial para debatir desde el jueves el proyecto de ley, en una sesión con final abierto.
El radicalismo, por ejemplo, no solo se partió a la hora de la firma del dictamen oficialista sino que apenas terminó la reunión de las comisiones desde sus filas empezaron a trascender versiones que aseguraban que pensaban rechazar en el recinto varias de las principales iniciativas del Gobierno.
Otro bloque que firmó dividido fue Hacemos Cambio Federal, donde la Coalición Cívica, Stolbizer y los socialistas hicieron rancho aparte y no respaldaron al oficialismo.
Esas divisiones sumadas a las firmas «en disidencia» que reunió el dictamen, ponen un manto de dudas sobre cómo resultará la votación en particular de artículos como el ajuste a los jubilados y el alza de las retenciones, esenciales para los planes de Luis Toto Caputo.
Las negociaciones del Gobierno con la oposición light
El dictamen llegó tras una jornada plagada de reuniones de los bloques opositores dialoguistas que hasta esta tarde parecía que se inclinaban a presentar un dictamen.
El acuerdo entre el Gobierno y la oposición se destrabó tras las conversaciones emprendidas entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien propuso seis puntos de reforma al proyecto oficialista en nombre de la decena de gobernadores.
En el caso de la suba de retenciones agropecuarias e industriales, la discusión se producirá cuando se revise en particular ese capítulo del dictamen de más de 500 artículos.
La Libertad Avanza aceptó modificar el artículo sobre blanqueo de capitales que establecía que la recaudación se iba a destinar a las arcas nacionales y ahora se eliminó la asignación específica y se distribuirá por el mecanismo de coparticipación federal.
Otro punto clave está referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y allí se acordó que cuando se liquiden los activos del FGS esos recursos se destinarán a saldar las deudas de las cajas provinciales.
En el dictamen de mayoría se mantiene el ajuste trimestral a los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual, pero con actualización automática por inflación mensual a partir de abril, que implica que los jubilados podrían perder hasta un 50% de su poder adquisitivo.
El oficialismo mantiene su propuesta para criminalizar la protesta al establecer que se prohíbe el corte del transito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de treinta personas en un espacio público, en lugar de cuando se reúnan tres personas como establecía la iniciativa original.