“La obra pública es una decisión política, que propone un gobierno pero que toma el Congreso de la Nación”; “no hay normas fijas que limiten la obra pública, aunque existen criterios de tamaño del territorio o de población de la provincia beneficiada, pero también de importancia estratégica de una obra”; “los DNU y la reasignación de partidas son habituales”; “nunca me pidieron nada para favorecer a Lázaro Báez y, si me hubieran pedido, habría hecho una denuncia”. Con estas frases, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, completó las declaraciones de todos los exjefes de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública en Santa Cruz. El tigrense fue el último en testimoniar de los que ocuparon la oficina adyacente a la presidencial en la Casa Rosada. Lo hizo desde el Congreso y por Zoom, repitiendo, palabras más, palabras menos, los conceptos de quienes ocuparon el mismo cargo. El saldo es que volvió a hacer naufragar los puntos clave de la acusación.
Este martes será el turno de un testigo central de la fiscalía, el contador Jaime Mecikovsky, el hombre de la AFIP cercano a Elisa Carrió y a Juntos por el Cambio, que se supone investigó a Lázaro Báez, pero que registra 20 denuncias judiciales en su contra por haber participado del aparato de persecución que se montó dentro de la AFIP. O sea, será un testigo de importancia para el fiscal Diego Luciani y un adversario de las defensas, en especial la de Báez.
Massa
Un elemento clave de la imputación en el juicio es que se le habrían asignado demasiadas rutas a la provincia sureña y que eso se hizo para beneficiar a Lázaro Báez. Como los demás exjefes de Gabinete, Massa insistió en que “más de cien jurisdicciones distintas intervienen en la elaboración del presupuesto y, obviamente cada distrito pide más. Por eso hay un intenso debate en el que participan diputados, senadores, gobernadores, intendentes, universidades. Es una cuestión política. Siempre aparece el territorio. El volumen territorial siempre influye. La provincia de Buenos tiene un porcentaje mayor de obras que Jujuy, que es más chiquita”.
— ¿Quién dirime esa puja? –preguntó el juez Jorge Gorini.
— La Secretaría de Hacienda –respondió Massa.
Lo que quedó claro es que, después de ese proceso de asignación de fondos, es cada jurisdicción la que ejecuta, licitando, adjudicando y controlando. Por eso fue contundente al contestar que nadie le pidió nunca que favoreciera a Báez y que directamente no conoció ni tuvo nunca una reunión con el titular de Austral Construcciones. “Yo leo los diarios. Sé quién es. Pero no tuve ninguna relación”, completó.
En el juicio ya declararon numerosos empresarios de la construcción que sostuvieron que no hubo irregularidades en las licitaciones –Báez ganó 51 de 81– y explicaron que el santacruceño se imponía porque tenía todos sus empleados y maquinarias en esa provincia, mientras que las otras empresas debían llevar a su gente y sus máquinas a casi dos mil kilómetros. Ese mismo fenómeno se dio en otras provincias. Es más, Báez perdió casi todas las licitaciones fuera de Santa Cruz.
La carta
La fiscalía de Luciani se juega este martes una parada importante con la convocatoria de uno de sus testigos estrella: el exsubdirector de Operaciones Impositivas de la AFIP, Mecikovsky. El funcionario fue acusado por sus subalternos de ser la punta de lanza de la persecución contra quienes pertenecieron a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. De hecho, tiene casi 20 denuncias en su contra, sobre todo por haber violado el secreto fiscal. Mecikovsky siempre fue considerado un hombre de Elisa Carrió, pero también del fallecido juez Claudio Bonadio y está sospechado de haber filtrado buena parte de la información que luego se convirtió en causas judiciales contra opositores.
Es muy probable que el testimonio de Mecikovsky gire en torno a que se le obstruyeron las investigaciones a Báez, de manera que habrá muchas preguntas de la fiscalía, pero también de la defensa de Báez, a cargo de Juan Villanueva.
La previsión es de un testimonio largo y denso, lo que llevó al tribunal –integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso– a planificar dos audiencias para escuchar a Mecikovsky. La semana próxima será el turno de otro testigo clave de la fiscalía: el ex interventor en Vialidad, el ultramacrista Javier Iguacel.