Con la media sanción de Diputados al acuerdo con el Fondo Monetario (FMI) y un escenario que se espera casi calcado en el Senado, el Gobierno ya trabaja en el partido por los puntos con el organismo: analizar, negociar y medir cómo funcionará el plan crecer para pagar. Todo en un contexto político turbulento a nivel internacional, con la guerra en Ucrania, y muy nuboso hacia adentro del Frente de Todos, a raíz de que una parte de los diputados -vinculados a la vicepresidenta Cristina Kirchner- se abstuvieron o votaron contra el pacto para empezar a resolver la deuda que contrajo el Ejecutivo de Mauricio Macri. Una movida que cuestiona, precisamente, las posibilidades de éxito del programa del ministro de Economía, Martín Guzmán.

En este escenario, en el Gobierno hay una preocupación central que es el impacto del conflicto bélico de Europa en los precios, sobre todo de los alimentos. No se descarta que haya consideraciones y replanteamientos de cuestiones puntuales vinculadas a la coyuntura internacional, que aseguran resolverá más la política que los técnicos. «La guerra está en Argentina», es la frase que más se escucha de boca de funcionarios oficiales para dejar en claro que el escenario no es igual que «el de dos meses atrás», y que eso requiere ciertas flexibilidades. Se trabaja además con obsesión en el perfil de mejora de las reservas del Banco Central (BCRA), que observan como el corazón del plan para crecer. Y adelantan que el frente macroeconómico se ordenará más con el avance veloz que en las últimas semanas vienen teniendo las negociaciones con el Club de París, el último capítulo de la deuda extranjera.

El ministro siguió todo el debate del acuerdo desde Houston, en diálogo con el presidente, con el titular de Diputados, Sergio Massa y su mano derecha, Sergio Chodos, negociador ante el FMI y quien estuvo a lo largo de todo el trabajo en Comisiones. Los que más lo conocen y fueron parte de la negociación aseguran que «cada paso en el debate fue coordinado». Y les garantizan a los que descreen que el cambio en el articulado ya se venía deslizando en las participaciones parlamentarias de Guzmán, quien unos días antes había pedido votar todo junto, sin excepciones. Naturalmente, esto se da en un escenario de conflicto e internas, donde el sector del Gobierno más cercano a CFK expresó en las últimas horas un malestar radical para con el ministro. No sólo a través de casi 30 diputados votando en contra del acuerdo con el FMI, sino vía una carta de La Cámpora que no sólo cuestiona la manera de negociar del titular de Hacienda, sino varias cuestiones de su gestión en la cartera. Una disputa que ya tiene años, que pulsea sobre cómo conducir la economía y que seguirá al rojo vivo aún luego de cerrado el acuerdo con el FMI.

En la continuación de la argumentación de por qué lo importante era una votación general, en el Gobierno afirman que, en realidad, el Plan de Facilidades Extendidas «no es un plan económico general, que es algo que define el Ejecutivo, sino una serie de objetivos macroeconómicos». En idioma coloquial, que las decisiones de cómo se ejecutan el gasto, la obra pública y la política interna, son potestad indivual del Gobierno Nacional y no se incluyen en el programa ni precisan aval opositor. En ese punto, Guzmán también se juega una parada simbólica fuerte: testear su idea de que el programa no supondrá un «cogobierno» con el FMI, una sospecha habitual entre sus detractores.

En esa línea, fuentes parlamentarias admiten, inclusive, que el cambio en el articulado que se vislumbró como un ruido en los tramos finales, tuvo una interacción política en la que hubo dirigentes del FMI participando, para ser flexibles y llegar a un entendimiento y sacar la ley. Con ese dato, se intenta mostrar que la idea inicial del Gobierno y el Fondo, más allá de los planteos de máxima, siempre fue que el proyecto se aprobara sin modificaciones centrales.

Aducen, de esta manera, que el objetivo uno es empezar a caminar por el acuerdo real. Así, este lunes, en el inicio del tratamiento en Comisiones del Senado, Guzmán volverá a participar con el pleno de ministros técnicos y organismos descentralizados. Una vez que salga el proyecto de la Cámara Alta, se enviará al Directorio del FMI y, al tener el ok final, se girará el primer desembolso. Estiman que esto ocurrirá en no más de dos semanas.

La guerra, la energía y el pan

Por estas horas, en los despachos oficiales se trabaja con muchas dudas y una sola certeza: el mundo vive una incertidumbre que califican como «fenomenal» y «la guerra está en Argentina». Tanto en Agricultura como en el Ministerio de Desarrollo Productivo vienen monitoreando los precios del pan, el aceite, los fideos, el trigo y el maíz, con la idea de que seguirán al alza por el conflicto bélico. El diagnóstico de los técnicos de Economía, en tanto, es que no hay una caída de la produccion, pero sí un shock de oferta y suba de precios que está pegando en todos los países. Por eso, aclaran, «es importante que se vea que la guerra ya está acá, en los precios de las cosas».

En este contexto, el Gobierno observa que en febrero (este martes se conocerá el IPC de ese mes), marzo e incluso abril, la inflación seguirá pegando, sobre todo en alimentos. Esa preocupación excede el acuerdo con el FMI, que tiene un rango de entre 38 y 48 por ciento pero sin compromiso de meta a alcanzar. El dolor de cabeza tiene que ver con la evolución de los salarios y cómo canalizará el Frente de Todos la disputa que sigue: quién se seguirá quedando con los rindes de la recuperación si no es posible distribuir el ingreso. El plus de la inflación «guerra» en alimentos no es un problema sólo de Argentina: en Colombia, el último mes, tuvo una injerencia de 24 puntos. Mientras que en Estados Unidos las noticias se centran en la disparada del precio de los combustibles. A nivel local, hay un regulador natural, que es la petrolera de bandera YPF, pero aún así los precios siguen siendo la preocupación número uno. «La inflación es la deuda interna», aseguran los más críticos del plan Guzmán.

En cuanto a energía, hay dos planes en el corto plazo: generar más reservas propias de commodities aumentando la producción; y esperar más cerca del invierno antes de comprar gas importado a precios que hoy son de pánico. En Houston, Guzmán charló con directivos de las petroleras Shell, Chevron, Petronas, Exxon y Total. Las que tienen gas, celebraron una obra clave: el gasoducto Néstor Kirchner, el caño más importante para lo que se viene. Como existieron avisos previos de intención de inversión, hubo en Houston técnicos del BCRA que ya trabajan en regulaciones de movimientos de capitales. Hasta ahora, había una regulación orientada a defenderse de la bicicleta financiera, pero eso daña a los sectores que precisan invertir a escala, como las energéticas. A tales fines llegarán políticas de acceso a divisas excepcionales para inversores que, se especula, «vendrán rápido a pinchar petróleo».

Uno de los empresarios nacionales que participó en las charlas con los funcionarios argentinos en Estados Unidos aseguró a este diario que «si había default, era imposible pensar en invertir». Algunos de los extranjeros que participaron de reuniones pidieron, incluso, reportes sobre oleoductos a refaccionar y quisieron saber cuál será la política de infraestructura y obras, para hacer desembolsos. «El gasto virtuoso lo manejamos nosotros», les garantizaron.

En semejante escenario de conflicto, en el Gobierno suena cada vez más fuerte la frase «contingencias que se irán revisando». Aclaran que el acuerdo precisa conservar el crecimiento y «atacar la pobreza». Y que esa revisión de problemas sobre la marcha será un arte que tendrá que domar la política, más que los técnicos. Es que, según cuentan, el acuerdo de deuda, con Macri, se contrajo por la vía política; el gobierno de Fernández lo puso en caja también por esa vía y, ergo, cualquier eventualidad procesal deberá tener la misma resolución.

En las revisiones trimestrales, según consideran fuentes oficiales, sólo se miden como criterios de revisión los niveles de emisión, las Reservas y lo fiscal. El resto es trabajable con el diálogo de las altas esferas. La referencia es al vínculo bilateral con Estados Unidos y las potencias europeas, dueñas del FMI, como Alemania.

Reservas, París y la brecha

En la cabeza de Guzmán y Miguel Pesce, titular del BCRA, aparece la acumulación de reservas como un tema central. En quince días, se espera, llegará el primer desembolso del FMI: serán 9800 millones de dólares que una vez corridas las amortizaciones de marzo y abril, dejarán 6200 millones limpios en una caja del BCRA que para esa fecha tendrá además el empujón de los primeros dólares de la liquidación de exportaciones agropecuarias. Allí, el valor internacional de los granos beneficará a Argentina y a la vez la pondrá a pelear con inflación de alimentos más alta, como se explicó con antelación. Lo mismo ocurrirá con el petróleo y los dólares de la exportación vs los que se gastarán en importar gas. Todo esto muestra lo complejo que será el escenario del acuerdo a futuro.

Confian en el Gabinete Económico en el efecto del «Financiamiento neto positivo de organismos internacionales». Esto es, una mayor inyección de dólares en créditos del Banco Mundial, el BID y la CAF. A lo que se sumará la devolución de pagos de capital al FMI de septiembre hasta ahora. «Sin reservas, no anclas expectativas», es la cruda realidad que plantean el ámbito oficial en este punto en particular.

En ese terreno, tienen estudiado que luego del primer desembolso del Fondo, el impacto en los mercados puede ser aún más positivo que los movimientos vistos en las últimas horas: el viernes, cayeron fuerte las brechas, bajó cerca de 9 pesos el Dólar Contado con Liquidación, la brecha con el MEP fue de 72 y de 85 por ciento con el Blue. Ese fenómeno, observan, será más pronunciado, a la vez que el Gobierno incrementa el tipo de cambio oficial con micro devaluaciones diarias. La baja del brecha, grafican, es otro de los desafíos urgentes.

Por último, el cierre del acuerdo con el FMI era condición para avanzar en la negociación con el Club de París. Los países miembros son los mismos y, según fuentes oficiales, «viene habiendo diálogo cada vez más fluido» para cerrar un pacto. El 31 de marzo es una fecha clave para evitar caer en default con ese organismo y Argentina debe, en total, 2430 millones de dólares. La solución, en ese frente, también es inminente.