Después de haber desestimado la existencia de un plan masivo de espionaje durante el gobierno de Cambiemos, la Cámara Federal porteña vuelve a tener en sus manos el futuro de algunas de las causas más sensibles sobre la actividad ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo. En ese marco, deberá revisar el procesamiento de Mauricio Macri por la vigilancia ilegal sobre los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017.
El viernes, el presidente de la Sala I de la Cámara Federal porteña, Pablo Bertuzzi, suspendió el trámite de todas las apelaciones que se presentaron en la causa del espionaje a las familias del ARA San Juan. ¿A qué se debió el frenazo? A que los recusaron el 8 de marzo a él y a sus dos colegas que completan la sala, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens.
En el caso de Llorens, pidió que se aparte como lo hizo cuando salió sorteado para ser conjuez en la Corte en la otra gran causa de espionaje durante el macrismo – la que se inició en Lomas de Zamora e indaga en el accionar de los espías conocidos como Súper Mario Bros y en las tareas de inteligencia ilegal en las cárceles–. Llorens, en realidad, declinó ser conjuez en la Corte porque dijo que debería revisar cuestiones que él mismo decidió en la Cámara Federal.
Lo que pasó en la causa de los Súper Mario Bros en diciembre pasado, cuando Bertuzzi y Llorens descalificaron la existencia de plan de espionaje masivo desde el macrismo y se inclinaron por la teoría de que los espías actuaban como “cuentapropistas”, también fue invocado como un argumento por la querella. Carreras sostuvo que ese fallo fue “a medida de Macri” y funcionó como un “salvoconducto para cortar la cadena de mando y cortar llegar al último estamento”.
En la Cámara ya estaban trabajando en los informes para responder a las recusaciones, según pudo saber Página/12. Es probable que el tema se dirima la semana próxima. Deberá ser un integrante de la otra sala del tribunal quien resuelva, al menos, una de las recusaciones.
ARA San Juan
Cuando se defina quiénes serán los jueces que entenderán, la Cámara tendrá que revisar no solo el procesamiento de Macri sino el de otros once imputados en la causa del ARA San Juan. Entre octubre y diciembre pasado, el juez Martín Bava –que subroga en Dolores desde que se fue su colega Alejo Ramos Padilla– procesó en ese expediente a los exjerarcas de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a los exdirectores operacionales de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, al director de Reunión Interior Eduardo Winkler, al exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y a cinco agentes de esa delegación.
Según reconstruyó Bava, la AFI siguió entre 2017 y 2018 a los familiares de los 44 submarinistas para anticiparle a Macri cuáles serían los reclamos en un caso de resonancia internacional. Todas las tareas se hicieron desde la base Mar del Plata porque allá se encontraban las familias a la espera de obtener información sobre la suerte del submarino que se hundió en noviembre de 2017 y recién se halló un año más tarde.
En el macrismo, siempre alegaron que no existió tal espionaje, sino que la AFI hizo tareas en colaboración con la Casa Militar, encargada de la seguridad del presidente y de su familia. Ese argumento fue desestimado por Bava porque, entre otras cosas, se hallaron informes de seguimientos a los familiares que se hacían en Mar del Plata cuando Macri no tenía previsto viajar, pero sí tenía en agenda una reunión con ellos y ellas en la Casa Rosada.
Espionaje en Buenos Aires
Además, la Sala I de la Cámara Federal tiene las otras dos causas que llegaron de Dolores. Probablemente la tarea más pesada será revisar los 25 procesamientos por el llamado “Proyecto AMBA” que dictaron tanto Ramos Padilla como Bava. Entre los procesados están Arribas, Majdalani, Pablo Pinamonti (el responsable del “Proyecto AMBA”), los jefes de las nueve bases que se dedicaron entre 2016 y 2017 a hacer espionaje de tinte político y un grupo de agentes que fueron identificados realizando tareas ilegales.
La suerte que vaya a seguir la causa del “Proyecto AMBA” tiene especial resonancia ahora que en La Plata se investiga la llamada “Gestapo antisindical” en la que habrían participado espías y funcionarios de María Eugenia Vidal. Según declararon Arribas y Majdalani en la Bicameral de Inteligencia, fue la propia Vidal quien dijo en qué localidades deberían montarse las nuevas delegaciones de la AFI que se dedicaron a hacer tareas sobre comedores populares y sindicatos principalmente.
Esta semana, en ese expediente, el juez federal Ernesto Kreplak indagará a los exfuncionarios de Vidal que estuvieron presentes en la reunión del 15 de junio de 2017 en el Banco Provincia en la que se discutió cómo armar causas contra el dirigente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Juan Pablo “Pata” Medina. La existencia de la reunión se conoció tras el hallazgo, días después del fallo del “cuentapropismo”, de un video que grabó la propia AFI. Para el miércoles, está citado el exministro de Infraestructura Roberto Gigante, uno de los más silenciosos en el encuentro. El jueves deberá presentarse el exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi, a quien se lo ve en el video explicando cómo deberían encauzarse las denuncias contra Medina gracias a su experiencia como exfiscal.
Para el viernes, está previsto el plato fuerte: el exministro de Trabajo Marcelo Villegas, a quien se lo escuchó en la grabación decir que él quería una “Gestapo” para deshacerse de los sindicatos. Antes del encuentro en el Bapro, Villegas estuvo el 4 de mayo de ese año en la Casa Rosada. En ese momento, coincidió con Macri y con Arribas. Las tareas de inteligencia sobre el “Pata” arrancaron después de ese día. La expectativa es que Villegas declare.
La madre de todas las causas
Llorens, Bruglia y Bertuzzi tienen también para revisar algunos incidentes de la primera investigación que se abrió sobre espionaje durante el macrismo: la que orbitó alrededor del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio.
Días atrás, la Cámara le reclamó al juez federal Julián Ercolini –que se hizo cargo de los tres expedientes que tramitaban en Dolores después de que la Cámara Federal de Casación se los sacara a Bava– que defina en breve si D’Alessio y sus compinches deben ser elevados a juicio. En el juzgado avanzaban en ese trámite, pudo saber este diario, y podría conocerse la resolución en los próximos días.
En la Cámara, hay un planteo sobre la elevación del fiscal Carlos Stornelli, uno de los que juegan de local en Comodoro Py. En Dolores, Bava quería mandarlo a juicio por sus andanzas con D’Alessio pero el fiscal de la jurisdicción, Juan Pablo Curi, decía que había que volver a indagarlo. La palabra la tendrán las señorías que habitan en el segundo piso de los tribunales de Retiro.