La teoría del «cuentapropismo» con la que Comodoro Py despegó del espionaje ilegal a los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) llevó cierta tranquilidad a las filas cambiemitas, aunque sus alfiles no bajan la guardia. El diputado Diego Santilli, víctima del “Operativo Pibe” de los subordinados de Gustavo Arribas y querellante en la causa, fue citado a declarar como testigo pero pidió que le manden el cuestionario para responder por escrito, un buen modo de cuidar cada palabra en un expediente que atraviesa a todo el macrismo. La causa que instruye el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi se reactivará la próxima semana con testimoniales que se extenderán hasta el 28 de marzo y que también incluyen a Mariano Macri, el hermano díscolo de Mauricio.
A mediados de 2020 Santilli vio con sus propios ojos un croquis, fotos y un parte de inteligencia que muestran como lo espiaba la AFI. Parte de la prueba que le expuso el juez Federico Villena surgió del celular del espía y ex policía porteño Leandro Araque, quien días antes admitió ante la Comisión Bicameral de Inteligencia que habían seguido al Colorado porque Macri desconfiaba de que fuera “moyanista”, y contó que reportaba a la coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo. Martínez de Giorgi citó al diputado para que se expida sobre «posibles reuniones que pudo haber mantenido con los imputados en autos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían tenido lugar». Santilli prefiere tomarse su tiempo y responder por escrito.
Para el 21 de marzo está citado Mariano Macri y para el 22 la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. El juez la convocó en relación a un reportaje publicado por el diario Tiempo Argentino el 25 de diciembre pasado y le hizo saber que “deberá ser relevada de la obligación de guardar secreto en los términos de la Ley 25520”.
El 28 de marzo será el turno del suspendido juez de Avellaneda Luis Carzoglio, para que “se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano”, dos de los ex AFI imputados. Carzoglio denunció haber recibido presiones para firmar una orden de detención contra el sindicalista Pablo Moyano, algo que no hizo.
Martínez de Giorgi dispuso también varios pedidos de informes: a la Dirección Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) sobre los audios que derivaba a la AFI; a la propia Agencia sobre los números de abonados que interceptó entre 2017 y 2019; al Servicio Penitenciario Bonaerense sobre los motivos por los que instaló cámaras y micrófonos en la Alcaidía de Melchor Romero; y al gobierno porteño sobre los agentes de la Policía local que pasaron a la AFI entre 2015 y 2019.