La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó este martes investigar las comunicaciones del diputado del Parlasur y prófugo de la Justicia Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, en el marco de la investigación que busca determinar si la llamada «mesa judicial» del gobierno de Mauricio Macri ejerció presiones indebidas sobre la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, hasta forzar su renuncia.

La medida había sido solicitada por el fiscal federal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación en la que se analizan también otras supuestas presiones de parte del gobierno de Cambiemos a jueces y fiscales que intervinieron en causas sensibles y de interés para la Casa Rosada o algunos de sus integrantes, durante la administración del expresidente de Boca.

La magistrada envió un oficio a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial de la Nación (Dajudeco) para que obtenga, de parte de las compañías de telefonía celular, «el registro de llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes, con activación de celdas, en el período comprendido entre los diez días anteriores y posteriores de las fechas» de interés para la investigación, según pudo reconstruir la agencia de noticias estatal Télam.

Entre los hos hitos de la investigación figuran, por ejemplo, los días en los que se presentaron el pedido de juicio político contra Gils Carbó, el día en el que el teléfono celular de una de sus hijas salió publicado en el diario Clarín (13 de octubre de 2017) o la fecha en la que «Pepín» recibió al fiscal Gabriel De Vedia en la Casa Rosada (26 de octubre), quien fue a reclamar por las presiones contra la entonces procuradora.

El fiscal De Vedia declaró bajo juramento que en su momento contactó a «Pepín» para preguntarle cuándo terminaría la «persecución» a la entonces procuradora y que la respuesta que recibió fue que eso solo ocurriría con su renuncia.

«Me contacté, con Fabián Rodríguez Simón y le dije que me quería reunir con él. Me contestó que sí. Le pregunté en dónde y me dijo en la Casa de Gobierno. Él no era funcionario del Ejecutivo Nacional, era diputado del Parlasur y director de YPF», aclaró De Vedia.

Luego relató cómo fue aquella conversación: «¿Cuándo se va a terminar la persecución a Alejandra? En seguida, en tono de afirmación le dije: ‘Se va a terminar la persecución a la Procuradora General de la Nación’. A lo que Rodríguez Simón me respondió: ‘Si me conseguís la renuncia, termina acá’. Ante eso le contesté: ‘No va a renunciar la Procuradora. Ella tiene una responsabilidad institucional y humana, no va a renunciar’. A continuación, él me dijo ‘Si Gils Carbó no renuncia vamos a meter presas a las hijas y a ella’ y me reafirma ‘en ese orden'».

La causa en curso investiga las maniobras que se habrían producido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, en el marco de la gestión de Gobierno de Macri, a través de un núcleo de decisión política denominado «Mesa Judicial», integrado por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo nacional y otras personas allegadas.

Gils Carbó no es la única supuesta víctimas de aquel accionar. En el mismo expediente declararon también otros exmagistrados, entre ellos el destituido Eduardo Freiler, y jueces en actividad como Ana María Figueroa (Casación Federal), Eduardo Farah (Cámara Federal porteña) y el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla.