Seis de los más tenebrosos integrantes del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) ya no tienen estado militar. Se trata de Jorge “Tigre” Acosta, Adolfo Donda, Ricardo Cavallo, Alberto González, Jorge Radice y Antonio Pernías, a quienes el ministro de Defensa, Jorge Taiana, dispuso darles la baja de la Armada Argentina por haber sido condenados a prisión perpetua por los tribunales argentinos por los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones que perpetraron mientras eran los señores de la vida y de la muerte en el campo de concentración de la Marina.
Los seis represores fueron condenados en 2011 –en el primer juicio por crímenes en ese centro clandestino que llegó a su fin después de la experiencia fallida del proceso contra el prefecto Héctor Febres, que no concluyó por su misteriosa muerte–. Nueve años después de esa sentencia y de las demoras en Casación y en la Corte, el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 le informó al Ministerio de Defensa que la sentencia estaba firme y le pidió que procediera con lo que los jueces habían ordenado, que era darles la baja.
La ley 19.101 de Personal Militar establece que los efectivos de la fuerzas pierden estado militar y se les da la baja si son declarados en rebeldía o si son condenados por tribunales comunes o federales –como es el caso de los seis marinos que actuaron en la ESMA–. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el ministro de Defensa había delegado en los jefes de las fuerzas la decisión de las bajas.
Sin embargo, Taiana sostuvo que, como la sentencia era de cumplimiento ineludible e impostergable, sería él quien firmaría las bajas de los seis integrantes del GT 3.3.2. “En el marco del compromiso asumido por el Ministerio respecto de una política de implementación de los derechos humanos e integración de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, resulta inaceptable y contrario a derecho que exista personal con estado militar que se halle, a la vez, condenado por delitos de lesa humanidad”, dice la resolución que firmó el ministro y a la que accedió Página/12.
En ese primer juicio había sido condenado también Alfredo Astiz, que ya había perdido estado militar –según explicaron fuentes de la cartera a este diario–. Los otros condenados a perpetua fueron Raúl Scheller, Oscar Montes, Néstor Savio, Julio César Coronel y Ernesto Weber –un integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) conocido como “220” por el uso de la picana–.
Los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli también sentenciaron al contraalmirante retirado Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea (PFA) a 25 años de prisión; a 20 años al médico de la Armada Carlos Capdevilla –que oficiaba de partero en la ESMA– y a 18 años de prisión al prefecto Juan Antonio Azic.
Después de esa sentencia, los integrantes de la patota de la ESMA siguieron sumando condenados –que aún deben ser revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal–. El año pasado, el TOF 5 –integrado por Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Obligado– condenó al “Gato” González y a Acosta por los delitos contra la integridad sexual que sufrieron tres mujeres que estuvieron secuestradas en el campo de concentración de la Avenida del Libertador.
En el caso del “Tigre” Acosta se está discutiendo si le corresponde la libertad condicional por el tiempo que lleva detenido. La Cámara Federal de Casación le bajó el monto de la pena –que había recibido por crímenes en la ESMA y por su rol en el plan sistemático de robo de niños y niñas– y lo dejó cerca de acceder a ese beneficio, decisión que los organismos de derechos humanos recurrieron.