El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, hizo lugar al pedido de Estados Unidos para incautar el avión Jumbo de Emtrasur que ingresó a la Argentina el 6 de junio. El fallo implica una ratificación del bloqueo norteamericano sobre la aeronave, en el marco del tratado de asistencia jurídica mutua entre ambos países.
La decisión fue tomada luego de que la fiscal Cecilia Incardona avalara la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que reclama el secuestro y posterior decomiso del avión. La definición de la Justicia argentina en favor de Washington se da en medio de duros cuestionamientos por parte de funcionarios del gobierno venezolano a la Argentina. Como sucede con las extradiciones, más allá de la resolución judicial, la historia del avión tendrá un nuevo capítulo: la última palabra la tendrá la Casa Rosada.
Si bien los detalles de la resolución son confidenciales, de acuerdo con las exigencias del tratado con Estados Unidos, fuentes del caso aseguraron a Página/12 que el avión quedará secuestrado a disposición conjunta entre la Justicia local y la de Columbia. El magistrado tuvo que resolver si se cumplía con los requisitos del tratado firmado oportunamente entre ambos países, por lo que hizo lugar al pedido de incautación.
El Ministerio de Justicia de Estados Unidos determinó –a partir de la orden judicial emitida el 19 de julio por la Corte del Distrito de Columbia–, que el avión de bandera venezolana puede ser confiscado debido a violaciones a sus normas de control de exportaciones. Esas normas establecen que el Departamento de Comercio norteamericano tiene la potestad de aplicar sanciones y bloqueos a toda actividad no autorizada. En este caso, la nave fue originalmente producida en suelo norteamericano, luego vendida a Air France, y con posterioridad a la aerolínea Mahan Air de Irán. Desde 2008, rige una prohibición del gobierno estadounidense sobre la empresa iraní para las transacciones relacionadas a sus exportaciones, por una supuesta vinculación con grupos terroristas. Dentro de este bloqueo se encuentra el avión que permanece en Buenos Aires actualmente, luego de ser comprado por Conviasa, la empresa estatal de Venezuela.
De acuerdo con la ley 24.034 de 1991, Argentina y Estados Unidos suscribieron al tratado de asistencia mutua que implica, en los hechos, la colaboración en materia judicial entre los dos estados. En este contexto es que el gobierno norteamericano exige al argentino que haga efectiva la orden de confiscación de la aeronave. El Gobierno argentino aceptó el pedido y lo reenvió a la Justicia. Según fuentes del expediente, el Gobierno podría haber demorado el pedido a la Justicia o podría no haberlo enviado pero lo hizo por lo que ese aval es una de las razones que critica Venezuela al Ejecutivo.
El delito que invoca Estados Unidos es la reexportación, es decir, una violación a leyes inexistentes para la normativa argentina, el juez puede acatarlo amparado en el tratado.
La resolución, sin embargo, no afecta la situación procesal de los tripulantes del avión que aún aguardan la definición de la Justicia argentina, en el marco de la causa que investiga si la tripulación «se encontraba vinculada a algún tipo de actividad o grupo terrorista o bien si sobrevolaron y aterrizaron en nuestro país con alguna finalidad delictiva», según la fiscalía.
Este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Pedro Carreño, exigió al gobierno argentino que devuelva la aeronave y libere a la tripulación, por considerar que la investigación no fue más que un «falso positivo». Esas críticas generaron que la Procuración General de la Nación (PGN), interinamente a cargo de Eduardo Casal, enviara una nota a la cancillería argentina para expresar su «profunda preocupación institucional». El texto lleva la firma del titular de la secretaría de Coordinación Institucional de la PGN, Juan Manuel Olima Espel, y fue dirigido al secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería, Pablo Tettamanti.