La Argentina dividió posturas en dos resoluciones adoptadas en Ginebra por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) que preside por primera vez desde su creación. La decisión de la Cancillería fue de abstenerse en la votación que finalmente extendió por dos años la Misión Internacional Independiente en Venezuela, creada en 2019 para investigar posibles violaciones de los derechos humanos en el país caribeño. «Si los informes de la misión fueran el resultado de investigaciones realizadas con la anuencia del gobierno venezolano, sus conclusiones tendrían más posibilidades de producir cambios y efectos concretos en el mejoramiento de los derechos humanos del pueblo venezolano», dijo el representante de la Cancillería argentina, Sebastián Rosales, durante su intervención. En tanto, la Argentina acompañó con su voto afirmativo la decisión de nombrar a un Relator Especial encargado de verificar las denuncias de represión a opositores en Rusia.

«La Argentina ha decidido abstenerse en el presente proyecto de resolución por entender que el diagnóstico realizado por la FFM (Misión Internacional Independiente) no responde a un trabajo producto de investigación en el terreno y al diálogo directo con todos los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados”, argumentó Rosales en su intervención y agregó: “Si bien coincidimos que es el propio gobierno de Venezuela quien debe permitir el acceso de la FFM al país para investigar adecuadamente las denuncias recibidas, la renovación de la FFM en las actuales condiciones solamente contribuye a continuar un mecanismo que en la práctica y el terreno no puede mejorar los derechos humanos del pueblo venezolano». «La Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Resulta imprescindible que este Consejo acompañe el proceso que permita que el pueblo venezolano recupere la convivencia pacífica y democrática para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible», concluyo Rosales.

De todas maneras el Consejo extendió por otros dos años la continuidad de la FFM, creada en 2019. En el último informe, de los tres que presentó, la misión concluyó que la inteligencia civil y militar de Venezuela comete crímenes de lesa humanidad para reprimir la disidencia política, a través de abusos dictados «desde el más alto nivel» en un texto que documentó 122 casos de víctimas desde 2014 hasta la actualidad. El Gobierno de Venezuela rechazó y calificó de «falsas y sin fundamento» esas acusaciones y argumentó que la misión busca atacar a las instituciones venezolanas, bajo el auspicio de Estados Unidos.

La extensión de la Misión fue respaldada por 19 países, mientras que 5 votaron en contra y 23 se abstuvieron. La votación también dividió posturas entre los países latinoamericanos que integran el Consejo: Brasil y Paraguay se expresaron a favor, mientras que la Argentina, México y Honduras se abstuvieron; y Bolivia, Cuba y Venezuela votaron en contra.

El voto argentino también marcó diferencias en la política doméstica. El embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, defendió la posición del país y recordó que «desde sus inicios» se «apoyó el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado (de la ONU) en Venezuela, partir del cual se han logrado importantes avances en la materia».  «El trabajo de la Misión Internacional Independiente no responde a investigaciones realizadas en el terreno y en diálogo directo con los actores locales», criticó Laborde y apuntó: «Además, difiere sustancialmente de los informes sobre el mismo tema de la Oficina del Alto Comisionado, por lo cual difícilmente pueda contribuir en la práctica al mejoramiento de la situación de los derechos humanos». Una visión que comparte el Palacio San Martín y que diferencia el trabajo realizado por la ex Alta Comisionada y expresidenta chilena Michelle Bachelet que respaldó Argentina y el que lleva adelante la misión impulsada por el Grupo de Lima.

Por el contrario, el expresidente Mauricio Macri, cuestionó la postura a través de su cuenta de Twitter: «Pido perdón a nuestros queridos hermanos venezolanos por la abstención de la Argentina a la condena de crímenes de lesa humanidad en su país». «Los argentinos de bien sentimos vergüenza por este gobierno que no defiende ni la libertad ni los derechos humanos», agregó Macri en su alineamiento –junto a EE. UU.– con la oposición venezolana al gobierno bolivariano que encabeza Nicolás Maduro.

Rusia

Otra resolución adoptada por el Consejo reunido ayer en Suiza fue nombrar por primera vez a un Relator Especial encargado de vigilar la represión de los opositores en Rusia, que deberá «recoger, examinar y evaluar la información pertinente de todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil rusa, tanto dentro como fuera del país». En este caso, Argentina se encolumnó con la propuesta impulsada por una gran parte de los países miembros de la Unión Europea, que recogió 17 votos a favor, 24 abstenciones y 6 pronunciamientos en contra, entre ellos los de China, Cuba y Venezuela.

«Sin perjuicio del apoyo que brindamos a esta propuesta, la Argentina espera que esta decisión sea implementada con la mayor objetividad y sin promover la polarización de este Consejo, instando a todos los países a reafirmar el compromiso asumido en la resolución 60/251 en la que reconocimos que la ‘promoción y protección de derechos humanos deberá basarse en los principios de cooperación y genuino diálogo y orientada a fortalecer la capacidad de los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos’”, dijo Rosales al fundamentar el voto afirmativo.

Antes de la votación, el embajador ruso ante la ONU en Ginebra, Guennadi Gatilov, criticó el texto y acusó a «los países occidentales de utilizar el Consejo con fines políticos». La resolución, adoptada el día del cumpleaños 70 del presidente ruso Vladimir Putin, decidió nombrar un relator especial encargado de vigilar «la situación de los derechos humanos» por un período de un año.