«Nosotros queremos que el gobierno tenga un Presupuesto», repiten desde hace un mes, diputades de Juntos por el Cambio que el año pasado bloquearon la aprobación del Presupuesto 2022. Desde que comenzó el debate en la comisión de Presupuesto, el clima entre oficialismo y oposición ha sido apacible y, más allá de algunas críticas puntuales a las metas macro (como la de la inflación), en JxC predomina el ánimo de acompañar el proyecto que diseñó Sergio Massa. O, de mínima, predomina el ánimo de no obstaculizarlo. Esta predisposición no es, sin embargo, incondicional, sino que el interbloque opositor exige a cambio ciertas «garantías» para terminar de sellar el trato. No son los únicos: en el resto de los bloques de la oposición –y más de un sector del Frente de Todos– predomina un espíritu similar pero, a cambio, sostienen también una serie de exigencias previas. Las negociaciones están al rojo vivo y el futuro del Presupuesto se terminará de definir la semana que viene. Si todo sale bien, el miércoles o el jueves el oficialismo conseguirá su dictamen para que, finalmente, el miércoles 26 de octubre el proyecto pueda votar su media sanción en el recinto.

«Vamos a ver cómo está la situación cuando dejemos de tirarnos peluches», ironizó un diputado oficialista que rondaba por los pasillos del Congreso antes de participar de una de las seis reuniones de comisión que fueron convocadas, en el último mes, para tratar el Presupuesto 2023. Desde un principio, el objetivo de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, había sido dedicarle tiempo al debate para evitar el naufragio del año pasado, motivo por el cual durante tres semanas fueron desfilando más de una decena de funcionaries nacionales para defender el plan de cuentas nacionales. El gesto fue reconocido por la mayoría de les diputades de la oposición, que se la pasaron comparando el tratamiento con el del año pasado, cuando le tocó a Martín Guzmán defender el Presupuesto. En el bloque oficialista saben que el escenario es diferente al del año anterior, que en un año electoral nadie quiere dejar a los gobernadores expuestos y que, además, hay muches diputades opositores que no quieren quedar como «obstaculizadores» del Presupuesto –la ley más importante para cualquier gobierno– dos años seguidos. Sin embargo, pese al clima auspicioso, en el FdT nadie termina de relajarse y hay mucha ansiedad por poner los reclamos sobre la mesa y comenzar con las definiciones.

La semana que viene, en este sentido, será clave. Luego de que el jueves pasado las espadas económicas del PRO y la UCR detallaran sus principales objeciones, el lunes está prevista una primera reunión informal entre las dos figuras del FdT que están con la letra fina de las negociaciones –el titular de la bancada oficialista, Germán Martínez, y el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller– con les referentes económicos de JxC, como Luciano Laspina (PRO), Hugo Romero (UCR), Rodrigo De Loredo (Evolución) y Juan Manuel López (CC). Allí se buscará poner por escrito los diferentes cuestionamientos que los diputados habían esgrimido, ya oficialmente, en la última reunión de comisión. Esto es: una «cláusula gatillo» que se active si la inflación termina superando la proyección del 60 por ciento –es decir, un compromiso de revisión del Presupuesto que defina el destino del excedente de la recaudación–; el congelamiento de la planta de personal de todos los niveles del Estado; la eliminación del blanqueo de capitales para la construcción –o, al menos, su corrimiento para tratar el tema por separado–; la derogación del artículo que faculta al Ejecutivo a aumentar las retenciones.

Este último punto, el de las retenciones, ya fue vetado también por el Interbloque Federal, cuyo acompañamiento resulta clave para la aprobación de este y todos los demás proyectos. Si bien el interbloque –comandado por «Topo» Rodríguez y compuesto por cordobeses schiaretistas y santafesinos socialistas– aún no terminó de definir su pliego de demandas, otro de los puntos que se descuenta que estará presente es el referido al reparto de los subsidios al transporte del interior. Este reclamo histórico es solicitado también por legisladores del FdT y algunos radicales, quienes vienen denunciando hace tiempo la desigualdad de la distribución de los subsidios entre el AMBA y el interior del país. Hay varias propuestas: una de Roberto Mirabella (FdT), que propone un nuevo esquema de reparto de fondos, y otro que deriva de un dictamen alcanzado en la comisión de Transporte –respaldado por oficialistas, radicales y cordobeses– que propone un fuerte incremento de la partida de recursos destinada a las provincias del interior.

Son varios los reclamos. Están también los internos del FdT que, por lo bajo, rumian bronca ante lo que consideran un presupuesto «de ajuste». El Frente Patria Grande, La Cámpora: son varios los que están negociando modificaciones de partidas hacia áreas clave como Educación y Desarrollo Social. Está, por otro lado, el reclamo de las provincias que tienen deuda con Cammesa (distribuidora mayorista de energía), ya que son varias las que pusieron el grito al cielo ante la perspectiva de que las deudas de las empresas eléctricas sean cubiertas con puntos de coparticipación. Y ahí, nuevamente, no hay distinciones entre los frentes políticos: se opone desde el radicalismo hasta aliados como el gobierno de Río Negro y el de Misiones.

Todos estos puntos, más lo que vayan surgiendo en las próximas horas, se definirán en la próxima semana. El martes, luego de la reunión informal con algunos referentes económicos, la comisión de Presupuesto volverá a reunirse para discutir modificaciones.